Defender lo indefendible o el fracaso de la actual dirección de la Universidad

EGO7 julio, 2016

…Por Héctor M. Leyva*

En días pasados la crisis de la universidad dio un nuevo giro con la intervención de autoridades de la institución quienes publicaron artículos argumentando que era necesario elevar el nivel del debate sobre los problemas que enfrenta el Alma Mater. Leímos los escritos con mucho interés pero no pudimos si no decepcionarnos no solo por faltar a su propósito sino por sustraer la atención de los problemas que ha planteado el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) y limitarse en la práctica a intentar contener la ola de críticas –y especialmente el humor cruel e irreverente- que los jóvenes han lanzado contra las autoridades y especialmente contra la señora rectora Julieta Castellanos.

Leticia Salomón, Directora de Investigación Científica y Posgrados, orienta su argumentación contra lo que considera una «degradación ética» del ataque al adversario que juzga «furibundo, violento, soez, desquiciado», y Manuel Torres Calderón, Miembro de la Junta de Dirección, orienta la suya a advertir que se está practicando un «linchamiento mediático» y que la risa de los espectadores es el índice de su complicidad y de su consentimiento.

Nuestra opinión es que los estudiantes han planteado fuerte y claro sus demandas, que estas apuntan a problemas que urge resolver y que son las autoridades las que no quieren o no pueden comprender el calado conceptual y político de esas demandas.

Bajo el lema «UNAH te queremos pública» se  integran las demandas más importantes de los estudiantes, un lema que alude al proceso de pérdida progresiva de oportunidades de acceso a la Educación Superior por parte de los jóvenes hondureños, en contra del mandato constitucional, y que alude a una reforma universitaria que se somete a las demandas del neoliberalismo más que a las de la sociedad nacional.

El cuestionamiento del 70% como calificación de aprobación de asignaturas, que sirviera para propagar la idea de que se trata de malos estudiantes defendiendo una baja calidad de educación, no era ni es el objetivo de las protestas, como los mismos estudiantes han repetido infinidad de veces. Evidentemente una nota alta de aprobación afecta a los malos estudiantes pero también y especialmente a los estudiantes de bajos ingresos, pues existe una correlación fuerte entre condición económica y rendimiento estudiantil como deberían saber las autoridades universitarias.  El 70% como la Prueba de Aptitud Académica (PAA) o la Prueba de Conocimientos limitan el acceso y sesgan los beneficios de la educación superior para favorecer a las clases medias y medias altas de la sociedad que habiendo asistido a mejores colegios obtienen mejores resultados en la universidad.

La solicitud de derogación de las normas académicas que ha sido ridiculizada diciendo que no hay universidad ni institución que no las tenga, y que se trata de muchos artículos sobre las más distintas funciones universitarias y no solo sobre los estudiantes, como si los estudiantes fueran ignorantes o pidieran algo infantil, en realidad supone un cuestionamiento frontal del gobierno universitario. Esas normas como la mayoría de los reglamentos de la institución han sido elaboradas y sancionadas sin la participación de representantes legítimos de los estudiantes. Lo que se cuestiona es el gobierno autoritario, unilateral y personalista de la institución y se aboga por la participación democrática y respetuosa de la diversidad de opiniones e intereses de la comunidad universitaria. No que no haya normas sino que se hagan con una verdadera participación estudiantil.

Las demandas de los estudiantes incluyen necesidades materiales, de equipos, de espacio físico, de recursos humanos y docentes, etc. muy diferentes y de mayor o menor cuantía dependiendo de las distintas facultades y carreras. También estas demandas han sido ridiculizadas diciendo que ha habido estudiantes de una determinada carrera que solicitaron hornos microondas para calentar sus alimentos. Lo que debe destacarse, sin embargo, es que el alud de demandas ha sido motivado en gran medida por el fastuoso edificio que la burocracia de la institución se ha construido. Un edificio que no solo es una ofensa a la estética, al urbanismo y a la ecología sino que habla de la veleidad de unos funcionarios de una universidad pobre en un país pobre.

Leticia Salomón escribe con sorna sobre lo que considera ideas confusas del MEU que seguramente aprendieron de malos profesores, cuando a todas luces los estudiantes están dando lecciones de derecho constitucional y de política universitaria a sus autoridades. Más grave es el caso de la afirmación de Manuel Torres quien acusa al movimiento de «falta de pensamiento democrático», cuando son las autoridades actuales y anteriores las que se han burlado de la democracia.  ¿Qué pensamiento democrático puede haber en una administración que ha instrumentalizado la representación estudiantil, que no es capaz de sostener un diálogo y que recurre a la fuerza policial para resolver problemas académicos y administrativos?

La capucha ha servido para denigrar repetidamente a los estudiantes pero como todos saben, ellos la usan porque las autoridades han criminalizado la protesta. El que los estudiantes oculten su cara debería ser motivo de vergüenza para las autoridades universitarias si pudieran percibir que es un signo reflejo de la violencia legal que ejercen sobre ellos.

En el preciso momento actual los articulistas están defendiendo lo indefendible cuando el gobierno universitario es ejercido mediante violación de los derechos humanos como lo ha denunciado la Relatoría de las Naciones Unidas. Las acusaciones de sedición contra los estudiantes constituyen un escándalo internacional como bien pudo percatarse de ello una cadena de noticias por lo demás nada favorable a los movimientos sociales como lo es CNN.

Un artículo verdaderamente serio escrito por Joaquín Mejía puso en evidencia la falta de argumentos del de Leticia Salomón al apuntar precisamente a la incomprensión de la importancia del diálogo, la consulta, la manifestación pública y a la gravedad que supone la utilización del derecho penal para enfrentar las protestas estudiantiles. Leticia Salomón intentó contra argumentar diciendo que la protesta había vulnerado el derecho de cierto número de estudiantes y profesores a quienes se les impidió asistir a clases, lo cual es propiamente un subterfugio para evitar encarar los verdaderos problemas que elevaron a la discusión los estudiantes.

Es muy claro que el problema ha demorado en resolverse porque las autoridades se han resistido a levantar los procesos de judicialización penal de los estudiantes. Por supuesto que el movimiento no puede abandonar a su suerte a sus líderes, ese es el primer requerimiento para entregar las instalaciones. Las autoridades, en un gesto irracional, quieren castigar y escarmentar en un cierto número de líderes lo que es un movimiento de miles de estudiantes. Campaña de odio poco universitario, deseo primario de venganza y gesto autoritario por excelencia para el que se aduce la razón legal y la razón de Estado que se desvirtúan en el mismo momento en que se invocan con ese propósito.

Las autoridades no se percatan de que son los agentes de una reforma que va en contra de los intereses del país. Subidos en un discurso de reforma universitaria que no comprenden ni se atreven a cuestionar, se autoelogian por su eficiencia y transparencia, por su trabajo duro («estudiar, estudiar, estudiar») o por cualquier otro motivo, mientras al mismo tiempo marginan a las clases populares, hostigan a los docentes, desbaratan el verdadero trabajo académico y persiguen criminalmente a los estudiantes.

Si las autoridades recurren a la ridiculización y a la sorna para descalificar al movimiento estudiantil, no podrían esperar menos de los estudiantes que con mayor humor, ingenio, dominio tecnológico y como se ve, con mayor comprensión de la problemática universitaria y nacional, se burlan también de sus autoridades y logran un eco mucho más extendido. El humor, decía Julio Cortázar, es lo más serio de mundo, y bien harían las autoridades en atender a la inteligencia de la risa de los estudiantes.

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*Héctor M. Leyva es docente de la Facultad de Humanidades y Artes

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