VIOLACIÓN DE NIÑAS, IMPUNIDAD E INFANTICIDIOS EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE SANTA ELENA.
POR WENDY FUNES
Tenía 13 años
Con sólo ver sus manos y las trenzas en su pelo negro, se puede calcular que acaba de cumplir 15 años. Ya pasaron dos años desde la agresión sexual que sufrió. Un hombre la amenazó con un machete. La haló hacia la milpa de maíz y la mantuvo oculta. Ahí estuvo amarrada toda la noche entre los cultivos.
Todavía es muy difícil para ella recordar este momento, restriega sus manos y se remoja los labios, pero quiere evitar que otras niñas sufran lo mismo, dice.
Lea la primera parte de la investigación «Las víctimas borradas» siguiendo este enlace:
Cuando la atacaron, la niña regresaba de una celebración, caminaba hacia la casa de su tía. Vivía en esa casa porque desde ahí podía llegar más rápido al colegio. Sólo habían pasado unos minutos desde que se despidió de su prima y en una milpa que atravesaba para llegar a su destino, la interceptó un hombre con capucha. La amenazó y le puso con violencia un machete en su garganta. Le amarró las manos, la mantuvo toda la noche atada y en cautiverio mientras la atacaba.
Esta mañana, dos años después, de fondo los pajarillos cantan y el aire húmedo pega en la nariz.
Sentadas a la par de su casa, desde donde se ve una pradera verde de la aldea Opalaca, dividida por cerca con alambres de púa, la adolescente recuerda ese momento.
Su historia es parecida a la que han sufrido al menos cuatro niñas más de esta misma aldea de Santa Elena:
«¡Mire!, esa vez, yo iba con una tía. Recuerdo que había una celebración aquí y como yo estuve estudiando; estuve estudiando bastante retirado de mi casa y entonces por eso, tenía que alquilar donde una tía porque me quedaba demasiado (lejos), me tocaba ir, levantarme a la 3:00 de la mañana de aquí y por eso, me tocaba alquilar donde una tía, entonces me quedaba. Estudiaba en un instituto bastante retirado de aquí (Interrumpe la entrevista y le pide a su hermana pequeña que vaya para otra parte de la casa para que no escuche la conversación). Desde donde mi tía , caminaba una hora para el colegio y esa vez, yo me fui con una prima y una tía para aprovechar que iba para arriba porque no había quien me fuera a dejar y cómo iban ellas, me fui con ellas por un desvío más retirado. Ella se fue para su casa y yo para la mía y para llegar donde mi tía, hay una calle bastante oscura. Ya estaba oscuro ya. Ya como a las tipo 6:00 de la tarde. Pero para llegar donde mi tía hay que cruzar como una milpa, yo que iba llegando a la milpa».
Se aclara la garganta y platica. «Es que se me hace bastante difícil relatar esto», dice, pero continúa.
«¡Bueno!, iba por ahí; por la calle, había una parra de monte y ahí estaba escondido el hombre, pues, con capucha y machete. Me puso la punta del machete en el cuello y me amenazaba que si contaba que me iba a matar, que ahí nomás, pues, después entró a la milpa y ahí fue donde pasó todo ya y no me dejaba ir para ningún lado. ¡Imagínese!, toda la noche amarrada las manos con un lazo pequeño, como tipo 4:30 (a.m.), casi a las 5:00 (a.m.) me quitó las cosas que me había amarrado ¡y mire!, yo no sé cómo, yo le pedí a Dios ahí que me ayudara a escaparme porque yo sentía que ya iba a ser mi final ahí porque como me tenía amenazada y yo cómo pude, agarré mi teléfono y él me lo quería quitar y entonces, no lo logró. Después como pude, andaba una ropa que iba a ocupar para la semana, en la mochila, y a como pude me logré escapar, salí corriendo, no se había levantado mi tía porque estaba un poco temprano, ¡mire! yo me sentía no sé cómo. En eso que estuve ahí, saqué la ropa y la lavé y me fui a bañar y como ya se iba a hacer la hora del colegio también. Él me había dicho que no denunciara y ese es el error que yo cometí, me bañé, me puse el uniforme, pero ¡mire! yo no le hablé a nadie, ni sé qué pasaba, yo tratando de esconder lo que yo sentía, como un nudo en la garganta. Yo lo identifiqué se llama (…) ese mismo día me fui para el colegio. Antes cuando íbamos en el camino, íbamos bromeando para no sentir el cansancio del camino y ese día fue diferente; ya yo caminaba a la par de ellos y no les hablaba, al primero que se me ocurrió contarle fue a mi hermano. Le conté todo cómo pasó el mismo día y él me dijo tenés que decir…».
Ese mismo día, la niña le contó todo a su madre, fueron a la Fiscalía y a la Policía. El agresor la acosaba sexualmente desde antes.
Estuvo preso un tiempo.
El delito de violación especial tiene una pena mayor a 10 años. Dos años después de esta agresión, el denunciado está libre.
No se pudo constatar el estatus legal del sospechoso porque el Juzgado de Letras de Marcala negó acceso a ver el Libro de Entradas donde se consignan todos los juicios que ingresan a esta instancia.
Sin embargo, en los documentos policiales revisados, los policías confirman con su puño y letra la recepción de denuncias. En estos documentos se puede constatar que hay un patrón de operación de violadores en la zona: los violadores atacan en parajes solitarios, amenazan con sus armas a las mujeres y las abusan. Algunos casos quedan en tentativa de violación cuando son sorprendidos.
Nexos políticos
¿Por qué habría de interesarle a la Policía vigilar a un equipo periodístico que investiga sobre la violación de una niña indígena si estos casos son comunes en la zona?
Posiblemente, la respuesta esté en la denuncia que hizo el coordinador de actas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Asunción Martínez. «La familia Martínez Pérez tiene miedo de contar toda la verdad», sentenció.
Asunción Martínez medirá quizás 1.60 de estatura, tiene facciones indígenas, frases contundentes y su trabajo como defensor de Derechos Humanos le ha permitido viajar a distintas latitudes.
La denuncia original es que el imputado asumió la culpa por un delito en el que estaría involucrado un exalcalde de la zona, aseguró el dirigente del Copinh.
Pero ninguna autoridad consultada dice saber sobre este hecho. Tampoco hay evidencia que lo confirme por el tiempo transcurrido.
La Fiscalía ha ocultado y negado casi toda la información solicitada sobre infanticidios y abortos, así que es difícil conocer un dictamen oficial y precisar si al cuerpo del recién nacido le hicieron análisis forenses para identificar a su verdadero padre.
Martínez cree que este delito quedará en la impunidad porque quien se inculpó por este delito sexual, salió del país.
«Lamentablemente en nuestro municipio de Santa Elena, niñas jóvenes de menor edad, sufren consecuentemente la violación grave, pero a veces las mismas niñas, incluso los padres de familia, no denuncian por temor, porque lamentablemente hay una cadena que se defienden entre ellos mismos, como es la Policía Nacional Preventiva, incluso funcionarios de la misma Corporación Municipal. Han estado involucrados funcionarios de Santa Elena».
Martínez dio nombres de funcionarios municipales denunciados por haber cometido violaciones, incluso mencionó a un exalcalde municipal, pero no hay evidencia técnica para demostrar que las violaciones existieron porque en la mayoría de casos las niñas tuvieron miedo y el tiempo pasó.
Entretanto, la Fiscalía carece de capacidad técnica para investigar agresiones sexuales después de varios días de haber ocurrido.
«Incluso cuando estaba viva la compañera Berta Cáceres, coordinadora general del Copinh, la intención era recorrer las comunidades para hacer una especie de diagnóstico, principalmente con las compañeras mujeres, porque esto ha sido muy común en Santa Elena», dijo el denunciante.
«En comunidades como Llano de Maco, Ciciguare, El Potrero, esto de las violaciones es común», señaló.
«En Santa Elena hay maestras que denuncian que algunos alcaldes les dicen que las colocarán en una plaza a cambio de favores sexuales», denunció Martínez. Describió que la cultura de machismo y discriminación en Santa Elena genera violencia de género en las comunidades indígenas.
La mayoría de las comunidades tienen títulos individuales de propiedad de la tierra que son del hombre y no de la mujer; los hombres son vistos como jefes de hogar y sus compañeras de hogar tienen que pedir permiso para hacer actividades comerciales como vender frijoles, maíz o un huevo de gallina, describió.
Un ejemplo de la cultura de violencia se puede encontrar en la denuncia No. 57-14-11-2014, por violencia doméstica, recibida por la Policía Nacional.
En esta denuncia, la víctima relata que el 14 de noviembre de 2014, salió a eso de las 7:00 de la mañana hacia el barrio El Centro de Santa Elena a recibir el Bono Diez Mil –una bonificación estatal para familias pobres, entregadas por la presidencia de Honduras-.
«Como a eso de las 2:30 de la tarde salí y llegué a eso de las 5:30 horas de la tarde. Llegué a mi casa, ubicada en la aldea Quiscamote, cuando llego, mi compañero de hogar (…), me dijo, y por qué venís tan tarde, solo las mujeres de la calle, es que andan en la tarde, y yo le dije que no era en la calle que andaba sino que recibiendo el bono para comprar las cosas que necesito en la cocina, ya que vos no me comprás nada y sólo por eso me agarró del cuello y me pegó una trompada en la nariz y una patada y me insultó tratándome de gran puta…».
Los periodistas de La Paz, la cabecera del departamento, a veces viajan a los 18 municipios y transmiten las denuncias por medios con alcance local. La prensa local sobreviven con la pauta publicitaria de políticos, jefes municipales y empresarios locales. El comunicador del departamento de La Paz, Irán Ángel Padilla, tiene un programa en radio.
«Cuando viajo al interior del departamento recojo denuncias de todos los sectores», dijo.
El comunicador recibió denuncias de supuestos abusos sexuales, ocurridos en Santa Elena por parte de políticos de la zona en contra de menores de edad.
«Además, existen denuncias recurrentes de niñas y niños abusados sexualmente por sus propios padres, hay una cultura de incesto contra la que nadie hace nada porque todos callan», detalló.
«Hay demasiadas denuncias y la mayoría se queda en investigación por dificultades económicas, otras por cuestiones políticas y muchas veces por situaciones familiares», indicó Padilla.
A juicio del coordinador de la asociación civil, Movimiento Indígena Lenca de la Paz (Milpah), Felipe Benítez, en Santa Elena ha habido muchos problemas de violación a menores.
«Hay una niña que fue violada, ella conoció al hechor, lo trajeron y lo sacaron, ahora anda tranquilo amenazando a los familiares».
«Por ejemplo, en Llano de Maco hay una muchacha que ella está presa porque la acusaron de que había abortado».
Benítez denunció que en esta zona hay delegados de la palabra –religiosos– que se han prestado para testificar a favor de los agresores, tal como ocurrió en un caso de la comunidad de El Pelón.
«Hay otra muchacha compañera de mi hija que salió embarazada y ella dice que fue violación y ella ha puesto su denuncia, es de la comunidad de Opalaca, su mamá tiene hasta los mensajes que le ha mandado el violador. Incluso hay violadores que son activistas políticos actuales», denunció.
Por su parte, el maestro, Eduardo Benítez, residente en la aldea Opalaca, confirmó lo que Felipe Benítez nos dijo. «Es verdad que existen violaciones contra las niñas».
«Ha habido muchos casos en este municipio de Santa Elena y lo más lamentable es que talvez las autoridades no sancionan a estas personas, talvez los sancionan un mes, los recluyen seis meses y de ahí están libres. Las leyes como que se ponen a favor de la delincuencia».
Como maestro, Benítez ha escuchado que sólo en Opalaca ha habido al menos cinco denuncias de violaciones y embarazos.
«Quizás son personas jóvenes que se meten a hacer cosas delictivas o quizás son personas que saben que tienen arrastre político con personas que tienen poder y ellos saben que no les van a hacer nada», denunció Benítez.
La visión de las autoridades
Según el Director de Justicia Municipal de Santa Elena, La Paz, Antonio Vásquez, las denuncias de violaciones son rumores que quizás no tenga un asidero legal.
«Las denuncias deben hacerse con pruebas», sugirió.
Sin embargo, señaló que en casos de violación y violencia doméstica, las víctimas se atienden de inmediato.
Él nos explicó que las autoridades de Santa Elena trabajan de manera conjunta, policía, juzgado, comités, «pero las denuncias de este hecho no están llegando».
«De mi parte no tengo ninguna información. No hemos tenido denuncias», dijo.
«Algunas denuncias sólo se hacen para dañar a las personas, por eso es mejor traer las denuncias a las instancias correspondientes», planteó.
El funcionario de la alcaldía señaló que en Santa Elena existe una Oficina Municipal de la Mujer que atienden estos casos e invitó a los indígenas de Milpah y de Copinh a denunciar las irregularidades que vean en las comunidades para que las autoridades puedan investigar.
«A veces nos hemos sentido atropellados por ellos que son de otra mentalidad, de otra ideología, pero nosotros tenemos que respetarlos», manifestó.
El director de la Unidad de Salud de Santa Elena, Cesar Lazo, indicó que la cantidad de adolescentes embarazadas se redujo este año porque en 2015 hubo 48 niñas embarazadas, este año, suman 27.
Lazo indicó que no tiene reportes de violaciones recurrentes en el municipio.
«En este tiempo se ha encontrado únicamente una niña, en abril o mayo, una niña llegó con versiones de haber sufrido violación, la niña sí se embarazó, tuvo su bebé. Investigamos el caso en lo que a salud respecta y hasta donde nosotros averiguamos, la persona responsable del hecho estaba guardando prisión, ahora bien en cuestiones legales no nos metemos mucho, eso corresponde al juzgado».
Las violaciones ocurren en un contexto cultural de discriminación sexual que se manifiesta en que la principal causa de denuncia ante la Policía y en el Juzgado de Paz, es la violencia doméstica.
Este pueblo está ubicado a 170 kilómetros de la capital de Honduras, en el departamento de La Paz, en la zona central de Honduras. El municipio mide 186 kilómetros cuadrados.
La figura política más conocida de la zona es la vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López, pero es también la más denunciada por los indígenas organizados en los movimientos sociales de La Paz.
López es diputada y a la vez proveedora de energía eléctrica para el Estado a través de la construcción de las Represas de Generación Hidroeléctrica, que han generado un conflicto en la zona.
Mientras los Lencas, organizados en los Consejos Indígenas Lencas de La Paz denuncian que se está destruyendo la naturaleza y se les está despojando de sus territorios, irrespetando el Convenio 169 de la OIT; los parciales del Partido Nacional, en el poder, señalan que el Movimiento Indígena Lenca de La Paz (Milpah) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) irrespetan a la autoridad.
En medio de ese conflicto, las más vulnerables son las niñas. Milpah y Copinh denuncian que hay activistas del Partido Nacional y del Partido Liberal cometiendo agresiones sexuales contra las menores. Ninguna autoridad confirma esta denuncia.
Entre 2013 y 2015, los delitos más comunes, denunciados en el Juzgado de Paz de Santa Elena y en la policía, fueron la violación, violencia doméstica, escándalo en vía pública, venta ilegal de aguardiente, portación ilegal de armas de fuego (comerciales), vagancia, lesiones y amenazas. En la actualidad, no han nombrado el nuevo juez o jueza de paz.
Esta es una zona indígena Lenca con clima tropical seco, gobernada por el Partido Nacional de Honduras, el mismo al que pertenece el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Las casas del centro son de adobe (Tierra con agua), tiene calles de tierra, escuelas, un centro de salud y un Juzgado de Paz.
Entre 2013 y 2016, el delito más denunciado ante la Policía fue la violencia doméstica, tal como lo demuestra el Libro de Novedades Policiales.
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*Wendy Funes es periodista de investigación y defensora de los Derechos Humanos, recibió el “Premio Europeo de Periodismo escrito en DD.HH.” por su trabajo en el periódico digital Conexihon.hn