Carlos Hernández, Coordinador de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), recomendó a los partidos políticos depurar sus planillas, ya que se están dando confirmaciones de que hay personas que están vinculas en acciones del crimen organizado. Denunció que los partidos -incluidos los líderes– tienen conocimiento de esa situación irregular pero se resisten a expulsarlos con el argumento de que la ley no les faculta para eso. Les recordó que la política es ética y moral. Los invitó a hacer un esfuerzo para depurar las planillas y dejar por fuera a los candidatos señalados o vinculados para no tener sorpresas en próximos meses y después de las elecciones.
Hernández ejemplificó la situación con un dicho popular: “cuando el río suena es porque piedras trae”, en referencia a los extraditados, los que desde hace años se rumoraba que estaban relacionados a acciones delictivas. Realizó un recorrido de las personas cuestionadas y las zonas: Colón, el Occidente del país, Olancho, Atlántida y la zona central. Agregó que no se debe de correr el riesgo de que sean los Tribunales los que señalen esas irregularidades porque eso debilitaría -aún más- la democracia.
Insistió en que los partidos saben quienes son porque la información es de dominio público y deberían hacer un esfuerzo enérgico para depurar las planillas, en palabras de Hernández, se requiere voluntad, firmeza, carácter y compromiso con el país, para realizar esos cambios “ningún candidato que este siendo vinculado a acciones criminales debería figurar en las planillas”.
¿La Sociedad Civil debería someterse a la voluntad popular de ser elegidos?
El participar es un derecho garantizado por la Constitución de la República. La Sociedad Civil se organiza y en base a estándares internacionales nos involucramos. No representamos a todo el país como los políticos, representamos una visión y un compromiso.
Al ser consultado del por qué no dar los nombres y apellidos de los señalados, Hernández respondió que no pueden cometer esa irresponsabilidad ya que deben ser los entes encargados como los Tribunales de Justicia y el Ministerio Público los encargados de ese trabajo.
¿Cuál es el riesgo para la democracia?
Que el crimen organizado tenga el control del país, que el narcotráfico controle las instituciones -ya lo ha hecho-, se están haciendo grandes esfuerzos, por ejemplo la Ley de Política Limpia, las acciones de los Tribunales pero, no se puede permitir que el crimen organizado controle y gobierne el país.