Luego del proceso electoral de noviembre del año 2013, que dejó como ganador a Juan Orlando Hernández, la Misión de Observadores Electorales de la Unión Europea (UE), presentó un informe para que el Estado de Honduras se comprometiera a llevar a cabo un paquete de reformas electorales con la finalidad de mejorar y transparentar los procesos electorales del país.
Las recomendaciones realizadas por la UE se resumían en la depuración del censo electoral, la emisión de una nueva tarjeta de identidad, reglamentar el financiamiento de los partidos políticos y sobretodo una segunda vuelta.
Para junio del 2017, cinco meses antes de las elecciones generales, la UE volvió a enviar una misión de observación para confirmar si se habían llevado a cabo las recomendaciones que cuatro años antes habían realizado.
Tales reformas no fueron llevadas a cabo por la clase política hondureña por lo que la población acudió a las urnas en noviembre de 2017 con las mismas reglas de procesos anteriores, donde la novedad era que Juan Orlando Hernández buscaba la presidencia de la república por segunda vez consecutiva debido a que la Corte Suprema de Justicia le permitió la reelección.
Venta de credenciales, censo no depurado, votos de difuntos, actas adulteradas, votos rurales… en fin, un proceso electoral manchado con diversas denuncias de fraude, falta de transparencia, legitimidad y legalidad. Esto dejó como resultado una crisis política, económica y social que hasta el día de hoy sigue abatiendo a los hondureños.
En junio del año 2018, la Organización de Estados Americanos (OEA), luego del fracasado “Diálogo nacional”, presentó al Congreso Nacional un paquete de reformas electorales de cara a las elecciones de 2021.
La clase política del país no le ha quedado de otra que comenzar a aprobar las reformas electorales; Se crearon los nuevos entes electorales que ponen fin al antiguo Tribunal Supremo Electoral (TSE), dando paso al Consejo Nacional Electoral (CNE), y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que para elegir sus representantes los diputados de la bancada del Partido Libertad y Refundación promovieron una insurrección legislativa para conseguir representación en estos entes.
Se aprobó la emisión de una nueva tarjeta de identidad que se espera, para el año 2020, los hondureños ya contarán con ella y con esto depurar de una vez por todas el censo electoral y así evitar que difuntos puedan ejercer el sufragio o que personas que viven en el extranjero no aparezcan votando en Honduras.
En la actualidad el Congreso Nacional debate reformas electorales que para algunos analistas son cosméticas dejando la prioridad de verdaderas reformas electorales que garanticen un proceso electoral legítimo y trasparente.
Pero ¿Cuáles son las reformas electorales de mayor prioridad?
- Reglamentar la reelección presidencial
La reelección presidencial sigue siendo la principal reforma electoral que se debe de realizar ya que después del fallo de la CSJ, la reelección presidencial quedó indefinida por lo que le da facultad a cualquier expresidente o presidente para perpetuarse en el poder.
Para muchos esta solo puede ser reglamentada, o rechazada, por la población a través de un plebiscito y referéndum.
“No podemos encarar un nuevo proceso electoral con las mismas mañas de años pasados, los hondureños debemos presionar para reglamentar o no la reelección. Debemos ser consultados si aceptamos o no la reelección” aseveró Raúl Pineda, analista.
“tenemos un presidente en funciones cuando la constitución se lo prohíbe, pero como los tiempos evolucionan, para salir de esta crisis se debe solucionar el problema de la reelección mediante una consulta popular o una asamblea general constituyente” señaló Augusto Aguilar, analista político.
- Una segunda vuelta o balotaje
La segunda vuelta o balotaje para muchos expertos daría legitimidad al candidato que resulte electo en las elecciones ya que los últimos tres presidentes han sido elegidos con menos del 40 por ciento de la población por lo que una segunda vuelta obligaría a los dos candidatos más votados a ir a otra contienda electoral, siempre y cuando estos no alcancen un porcentaje establecido en las normas que regulen la segunda vuelta electoral.
“La segunda vuelta electoral es una herramienta que pudiera servir muchísimo para garantizar mayor legitimidad y fuerza en los mandatarios. Todos los sondeos indican que ningún candidato va a recibir mayor del 35 por ciento de los votos, va a tener 65 por ciento de la población en contra. Una segunda vuelta permitiría que el presidente llegue con más fuerza a ejercer su periodo” explicó Omar Rivera, Director de Incidencia de ASJ.
- Ley de financiamiento de campañas electorales
Los hondureños han sido testigos de cómo las redes del narcotráfico se han apoderado de instituciones políticas; este año en los Estados Unidos en el juicio incoado contra Juan Antonio Hernández salieron a relucir los nombres de varios presidentes y políticos hondureños que supuestamente han recibido financiamiento del narcotráfico para sus campañas políticas.
Aunque existe una Unidad de Política Limpia que regula el financiamiento de campañas electorales esta no ha tenido los resultados deseados por lo que una ley que regule el techo de gastos y quienes lo financien podría ser efectiva para evitar que el crimen organizado siga coludiéndose en las instituciones políticas
- Ciudadanización de las mesas electorales
Dicha reforma es una prioridad ya que se han dado casos donde partidos denominados de “maletín” venden sus credenciales a partidos tradicionales por lo que la sociedad civil le apuesta a que los ciudadanos ejerzan su papel beligerante en los procesos de transformación en la sociedad
Otras reformas electorales que están en la palestra pública son:
- Elección de diputados por distrito promovido por el Partido Nacional.
- Voto electrónico.
- Voto en el extranjero.
- Depurar los partidos políticos minoritarios que no tengan un porcentaje de votos alcanzados en las elecciones generales.
- Representación política en las mesas receptoras.
En 2021 los hondureños enfrentaran un nuevo proceso electoral que de no contar con reformas electorales profundas la crisis que enfrenta el país podría ser peor.
En manos del Congreso Nacional está la aprobación de dichas reformas que deben ser aprobadas máximo el otro año en su tercera legislatura y ser ratificadas en su cuarta legislatura y así ser garantes de un nuevo proceso electoral con reglas claras donde el pueblo este seguro que su voto fue respetado y poder reconocer a un ganador sin mañas del pasado.