Ante una situación de emergencia como la que se vive en la actualidad, sectores exigen transparencia, sin embargo, el grado de confianza y credibilidad de gobernantes y funcionarios ha sido motivo de debate.
«La confianza es un elemento clave que contribuye a la efectividad de cualquier medida que los gobiernos hagan» dijo Carlos Hernández, director de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ).
«Más del 80% de los hondureños no confíamos en nuestras instituciones, hay bajos niveles de trabajo operativos, de coordinación y de redes», expresó Rolando Sierra, director ejecutivo del Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Históricamente, Sierra, se ha venido repitiendo un patrón de crisis que se refleja en el corredor de desarrollo comprendido por las regiones del norte, centro y sur del país.
«Es una paradoja que el mayor corredor de desarrollo del país es también el mayor corredor de riesgos, por lo que el punto de partida es revisar cómo estaba el país antes de la pandemia, analizar la capacidad que el gobierno tenía en cuanto a la gestión de riesgo, porque la primera visión ha sido una respuesta reactiva y no prospectiva ante la crisis».
Con las medidas implementadas por el gobierno no solo se intenta salvaguardar la salud de la población a pesar de tener un sistema de salud frágil, de igual forma el la economía ha sido priorizado debido a un posible colapso.
El presidente Juan Orlando Hernández, anunció medidas de alivio para las micro, pequeñas y grandes empresas (MYPIMES) en cuanto a la readecuacion y refinanciamiento así como la disposición de crédito y entre otras.
«Mi preocupación es quién está en esas negociaciones, es quién defienden los intereses de las pequeñas empresas? ¿Quiénes los representan? Hay sectores que buscan autoprotegerse y a veces solo quedan los más grandes», enfatizó Carlos Hernández.
En un panorama donde ha estallado la pandemia del covid-19, donde ningún país se preparó, Honduras se ha proyectado como un país en riesgo y de vulnerabilidades compartieron los expertos, sumado a los niveles de confianza que tiene la ciudadanía en las personas que manejan los recursos del estado y las decisiones que se toman.
«El desafío que se impone desde la ciudadanía, desde las voces que se levantan en las comunidades es de eficiencia, eficacia y transparencia en todas las medidas que se están tomando desde el gobierno. En el sentido de llegar que se llegue a todos los sectores, que todos tengan acceso a los alimentos y de ingresos», dijo el director del FLACSO.
La corrupción que ha sustraído millones de lempiras de los fondos del Estado, ha contribuido a que la confianza se haya perdido en la ciudadanía.
«Luchamos con el tema de la corrupción. Cuesta hacer que la sociedad entienda, cuando hablamos sobre los datos y cifras y que lo sientan en carne propia. que sienta que la corrupción le afecta. Todos somos vulnerables. La corrupción mata, le roba a la familia que podría tener una reserva de ingresos necesarios» añadió Hernández.
¿Cómo se puede transparentar en tiempos del covid-19?
Carlos Hernández, que también forma parte de Transparencia Internacional, mencionó recomendaciones sobre las maneras que se pueda transparentar el manejo de fondos, en la cual es importante la rendición de cuentas, auditorías y cómo la ciudadanía debe ser parte de estos procesos.
La Secretaría de Finanzas ha creado un sitio o portal donde las personas pueden ingresar para ver la transferencia de fondos, no obstante, Hernández destacó que se debe dar una máxima publicidad de las compras a la emergencia y dar a conocer quiénes son los proveedores del Estado para darle seguimiento a las compras.
Asimismo, las comisiones y agencias antimonopólicas, como el Tribunal Superior de Cuentas, la Comisión de Competitividad, deben de estar activos, en la cual también las auditorías deben ser en tiempo real siendo posibles. Sierra mencionó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos deben estar presentes.
La Constitución de la República contempla que es facultad de organizaciones civiles así como individuos de ser veedores, recordó Hernández.
«Robar en época de emergencia debe ser considerado un tema de lesa humanidad, debe ser condenado moralmente y ejemplar de parte del Estado».
Por otro lado, Sierra recalcó que las decisiones que se tomen deben ser compartidas mientras que los presupuestos y recursos deben ser abiertos y participativos.