El abogado y ex juez penal, Rasel Tomé, expuso la necesidad de abrogar o reformar el nuevo Código Penal ya que asegura esta nueva normativa jurídica beneficia a los corruptos y no representa los intereses del pueblo hondureño.
Tomé, en el programa Cuarto Poder, señaló que “el pecado” de este instrumento jurídico es que fue “creado” por el Partido Nacional aprovechando la necesidad de un Código que responda a las necesidades de la población para beneficiar a los corruptos.
“Esta es la tercera Vacatio Legis del nuevo Código Penal, este tiene un pecado que fue creado, revisado y analizado, en el Congreso Nacional, por los diputados del Partido Nacional con una visión de actualizar el derecho penal en Honduras a los desafíos que la sociedad está esperando cómo castigar los nuevos crímenes, pero lo distorsionaron al bajar las penas de los delitos para corrupción”.
Según las declaraciones del abogado Rasel Tomé los delitos de malversación de caudales se castiga hasta 12 años de reclusión con el actual Código Penal, en cambio con el nuevo lo rebajaron de 4 a 6 y de 6 a 9 años de prisión.
El delito de enriquecimiento ilícito se castiga de 5 a 15 años con la actual normativa, pero lo rebajaron a una pena de 3 a 6 años; El tráfico de influencias, la pena actual va de 4 a 7 años, en el nuevo de 2 a 5; En fraudes de 6 a 9 años, pero lo rebajaron de 5 a 7 años.
“Por eso se establece que este nuevo código es impulsador, propiciador y facilitador de la corrupción. Necesitamos combatir la corrupción que tiene sumergido en la pobreza a más del 68 por ciento. No es posible que se aprovechen para reducir penas en narcotráfico o los delitos relacionados contra las mujeres y la niñez de Hondura”, dijo Tomé.
Para Tomé, solo existen dos opciones para que la sociedad hondureña no rechace el nuevo Código Penal y es la derogación completa del mismo o reformar todos los artículos que han generado polémica y rechazo en varios sectores sociales.
“O lo derogan o se reforma en el sentido de endurecer las penas que combaten los delitos contra la corrupción, de lavado de activos, narcotráfico, violencia contra las mujeres, entre otros, deben ser cambiados para que quede un Código en atención a los intereses del pueblo”.
“Lo mejor que puede hacer el Congreso es permitir que, lo que ha planteado Sociedad Civil, CNA, diputados de Libre, del Pinu, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, es revisarlo todo, cambiar las penas que se están solicitando, pero si no quieren la abrogación entonces deben dejar el código de 1983”, arguyó, Tomé.
Por otra parte, señaló que es inconstitucional la entrada en vigencia del código ya que la constitución lo prohíbe
“El artículo 188 establece que no puede entrar en vigencia durante un Estado de Emergencia, como el actual, una ley que establezca delitos y penas; Es violatorio a la constitución, pero aquí han violado la constitución por eso dictaron la Vacatio Legis hasta junio, no quieren revisar las penas porque quieren buscar impunidad”.
Finalmente, Tomé aseveró que, “si quieren un código que favorezca, la corrupción se dejara este”.