En menos de tres días, entrará en vigencia el nuevo Código Penal que podría penalizar la libertad de prensa, la libertad de expresión y criminalizar las protestas.
En Honduras, periodistas han sido asesinados, vigilados, se han ido al exilio y se han desplazado, pero los crímenes y represalias quedan en la impunidad, expresó Dina Meza, presidenta de Pen Honduras, en un webinar sobre «El Nuevo Código Penal, un camino para la censura».
«A pesar de que tenemos una Ley de Protección para periodistas y comunicadores, es una ley débil, le hace falta de voluntad política para echar andar y se engavetan casos», dice Meza.
Durante la pandemia, la labor del periodista ha cobrado mayor importancia centrándose en compartir información sobre el avance y evolución del covid-19. Pero Dina menciona que periodistas han sido castigados, amenazados y son los medios independientes que corren más peligro.
«El hecho de preguntar estas cifras no concuerdan se produzcan amenazas de muerte contra periodistas. Pareciera que no se quiere informar a la población de lo que esta pasando, se quiere mantener el secreto de Estado».
Por otro lado, Claudia Ordóñez que forma parte del programa Artículo 19 de Centroamérica y el Caribe, hizo hincapié que artículos tienen algunas interpretaciones o da a lugar que algunas acciones se califiquen como delitos
«La Comisión Interamericana se ha pronunciado en términos de estos contenidos como lesivos para derechos humanos, uno de ellos que manejan es que el delito de calumnia no es compatible con la comisión porque busca silenciar ideas», agrega Ordoñez.
En varios países de América Latina se ha buscado la manera de cómo callar al periodista a través de mecanismos legales y administrativos, explica Emmanuel Colombié director de Reporteros sin Fronteras.
«Hay países que han cambiado sus leyes pero otros mantienen las figuras de difamación, e injurias a nivel penal y lo usa. En casos de gobiernos autoritarios con funcionarios que no quieren ser cuestionados lo usan para no ser investigados», añade.
«El Estado hondureño debe ver cómo garantizar los derechos no obstaculizarlos. Estas restricciones son incompatibles con los principios de legalidad y proporcionalidad», sostiene Ordónez.