El Congreso Nacional se desmarcó de las compras de emergencia e hizo un llamado a la efectiva investigación de cualquier ilícito que se haya cometido con los fondos destinados a la pandemia, también aprobó cambios en los presupuestos municipales para que los alcaldes puedan comprar insumos y salvar vidas
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, recalcó en la sesión virtual del jueves lo que afirmó en abril al aprobar una serie de iniciativas y recursos para responder ante la pandemia del COVID-19, que este Poder del Estado no había firmado un cheque en blanco.
“El Congreso Nacional no ha firmado un cheque en blanco, en relación con los recursos que hemos aprobado para afrontar la pendemia, exhortamos a que nos mantengan día a día informados de la ejecución de los mismos para aumentar los niveles de transparencia que el pueblo está exigiendo”.
Es por eso, y con el objetivo de incrementar los niveles de transparencia del Congreso Nacional, fue que el mismo presidente Oliva designó en su momento a la Comisión Especial de diputados Ante la Emergencia del COVID-19, como comisión contralora de los recursos aprobados por el Legislativo.
“Teniendo ellos una visión de lo que se aprueba, en términos de apoyo para el ejecutivo, para afrontar esta pandemia, es una comisión contralora y de transparencia sobre el uso de los fondos” afirmó Oliva.
También el Congreso Nacional aprobó iniciativas relacionadas a las transferencias del gobierno central a las municipalidades encaminadas a afrontar la emergencia nacional debido a la pandemia del COVID-19.
Mediante reforma al decreto artículo 192 del Decreto No 171-2019 que contienen el Presupuesto General de Ingreso y Egresos de la República, para que las municipalidades utilicen el 45 por ciento de las transferencias en actividades dirigidas a la prevención y al acompañamiento estricto, al combate de la Emergencia del COVID-19; la ejecución de estos porcentajes se considerará como inversión social e infraestructura.
El ejecutivo presentó este proyecto como parte del Programa Fuerza Honduras, que busca reforzar las capacidad de las municipalidades para hacer frente a la crisis del covid-19 de forma local.
De igual forma, se deberá utilizar Un diez por ciento para fortalecer el tejido social bajo un enfoque de prevención, promoviendo una cultura de paz, justicia y convivencia en los territorios municipales, en concordancia con el programa todos por la paz.
Corresponderá a cada municipalidad la compra, adquisición de servicios e insumos, tales como equipo, indumentaria de bioseguridad y de protección personal y otros, así como la contratación del talento humano para la prestación de servicios durante la emergencia del COVID-19, de conformidad con la Ley de Contratación del Estado y en apego a los principios de publicidad, transparencia, buena fe, eficiencia, igualdad y libre competencia.
Los equipos e insumos médicos adquiridos por las Corporaciones Municipales durante la pandemia serán donados a la Secretaría de Salud para uso exclusivo de su municipio y redes de salud a la cual forma parte, al finalizar la declaratoria de emergencia.
Cada Municipalidad debe contar con la veeduría de entes de la sociedad civil, pudiendo ser el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), patronatos, iglesias y otras organizaciones civiles presentes en el municipio. Deberán publicar en sus portales de transparencia, la información relacionada con la rendición de cuentas, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.