TEGUCIGALPA, Honduras
El expresidente del fenecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, urgió al Legislativo aprobar la Ley Electoral y Ley de Justicia Electoral de cara a las generales de noviembre para evitar una nueva crisis similar a la suscitada en 2017.
Desde 2013, el Congreso Nacional mantiene engavetada la aprobación de reformas electorales que permita desarrollar comicios con mayor credibilidad y confianza, por lo que Aguilar insta a los parlamentarios dar el visto bueno a la normativa antes que venza el plazo establecido.
“De acuerdo con lo que se mencionó en el Congreso, primero se aprobaría la Ley Electoral y luego la Ley de Justicia Electoral y no se ha hecho ninguna de las dos, de tal manera que es urgente que en lo que falta del mes de abril y mayo deberá aprobarse ambas leyes antes de la convocatoria a elecciones”, apremió.
Para Aguilar, la normativa no resuelve el problema histórico que surgen en los comicios como las denuncias de fraude; sin embargo, es del criterio que podrían mejorar el proceso.
“Podríamos tener la mejor ley, la más perfecta, pero si los funcionarios o los encargados de aplicarla no lo hacen con honradez o apegado estrictamente a la ley y la Constitución no se resuelve el problema”, manifestó.
También resaltó el papel que juegan las nuevas autoridades de los organismos electorales a los que exhortó a estar vinculados con la ley y la Constitución, no con los partidos políticos que representan tomando decisiones partidarias y no con base a las normas vigentes.
El también miembro de la Comisión Electoral del Parlamento recalcó que tienen hasta el 26 de mayo para aprobar el nuevo marco regulatorio, de lo contrario se tendrá que acudir a las urnas “con los mismos vicios del pasado”.
Dentro de las reformas que sobresalen son la integración de las mesas electorales con cinco miembros, tres de estos asignados al Partido Liberal, Partido Nacional y Libertad y Refundación (Libre); los restantes dos cupos se otorgarán en distribución y representación a los demás partidos político lo que significa que cada uno de los partidos denominado minoritarios tendrá representación en mil 800 Mesas Electorales Receptoras (MER).
Asimismo, se descarta la entrega de credenciales en blanco por lo que cada ente político deberá presentar los nombres de sus representantes en MER con 60 días de anticipación; no se entregarán credenciales, sino que van a figurar en un listado dentro de las maletas electorales.
Asimismo, los partidos podrán acreditar un observador por MER con la finalidad que estén permanentemente desde que inicia el proceso hasta que termina.
Si los observadores encuentran que se presentan irregularidades en el proceso de escrutinio, conteo de votos, manipulación de resultados se le da la facultad de hacerlo constar en el cuaderno de incidencias que puede servir que se realicen los reclamos e impugnaciones.
La nueva ley establece escrutinios públicos y la transmisión de resultados simultáneos enviando los datos no solo al organismo electoral, sino que a los partidos.
Otra reforma que genera rechazo y mantiene estancada la aprobación de la ley, es el tema de la deuda política debido que ahora se les otorgará a los partidos minoritarios el valor por voto recibido y no un porcentaje del total que obtenía el partido con más votos.
“Para establecer reglas claras, es urgente que se haga ya la aprobación de la nueva Ley Electoral que contiene profundas reformas al sistema y evitar una nueva crisis”, concluyó Aguilar.
