TEGUCIGALPA, Honduras
Familiares de privados de libertad exigieron el lunes al Instituto Nacional Penitenciario (INP) que hagan respetar los convenios internacionales suscritos por Honduras en materia carcelaria.
“En las cárceles de Honduras, se necesita que se aplique la Ley del Sistema Penitenciario, el cual cumple con los tratados y convenios internacionales; que no se continúe con decretos de emergencia que atentan contra el Estado de derecho”, expresó uno de los manifestantes.
La jornada obedeció a los hechos sucedidos el jueves anterior luego que se registraron el jueves anterior en el presidio de alta seguridad de la Tolva de Morocelí y que dejó cinco muertos y más de 40 heridos.
“Al Estado de Honduras y su gobierno le recordamos su condición de garante de la vida, de la dignidad y de la integridad personal de las y los privados de libertad bajo su custodia. Desde la formal intervención militar (PCM-068-2019) en los establecimientos penitenciarios más de 60 personas murieron violentamente y más de un centenar de privados de libertad fueron heridos, incluso mujeres que guardan prisión en custodia del Estado», reza el comunicado
Añade que «estos hechos, ocurridos en su mayoría en cárceles de máxima seguridad bajo administración de fuerzas militares, fueron perpetrados con todo tipo de armas que incluyen las de grueso calibre, automáticas y de fragmentación”.
Los protestantes apuntaron que los centros penitenciarios están controlados por fuerzas militares, por lo que consideraron como inconcebible un ataque entre reos.
“Las fugas, los malos tratos y torturas y las precarias condiciones de vida de la población penitenciaria son otras de las características de un sistema penitenciario corrupto, precario y fracasado, donde el 55 por ciento de la población permanece sin sentencia y en él sobreviven las y los reclusos en condiciones de hacinamiento debido a una sobrepoblación del 158 por ciento», denunciaron.
Añadieron que el decreto que emitió el gobierno y que facilitó la intervención a manos de las FFAA -vigente hasta el 31 de diciembre- «y sin rendición de cuentas e informes de la misión encomendada, asignó por ese decreto 528 millones de lempiras. Cerca de seis meses de la vigencia de la ampliación, las condiciones de vida de los centros no han mejorado, por lo que nos preguntamos como con tantos otros proyectos en Honduras ¿dónde está el dinero? ¿Por qué el Sistema Penitenciario en lugar de mejorar empeora?”.
La Mesa Penitenciaria, aseguró que desde junio de 2019 existe una escalada de violencia generalizada en el aparato carcelario, que corre en paralelo con la corrupción «y con serios señalamientos contra altos funcionarios estatales, políticos, empresarios y oficiales policiales y militares en cortes de EE.UU.».
Argumentaron que el enfrentamiento de grupos rivales como causa de los hechos, «es mirar el árbol, sin ver el bosque entero, si esta fuera la causa… Invitamos pues, a la Junta Militar Interventora a que en lugar de descalificar cualquier crítica sobre su gestión realice una autocrítica, sería, imparcial y ética de su función».
Insistieron en el llamado a las autoridades del INP con relación a su conducta y que “por esa misma honorabilidad reconocerían que no están facultados, ni capacitados para la gestión y administración de los centros penitenciarios, tal como lo han señalado incansablemente órganos regionales e internacionales de DDHH”.
Para finalizar, hicieron peticiones claras “tal como lo hicimos en diciembre de 2019 en nuestro comunicado de aquella fecha exigimos: una investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre estos hechos y se brinde una justa reparación a las víctimas y sus familiares. Para ello se constituya una comisión de expertos independientes, con acompañamiento y veeduría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la participación de la sociedad civil que trabajamos el tema”.
Señalaron que esta investigación debe de incluir además las muertes y masacres ocurridas desde junio de 2019, «sin perjuicio del cumplimiento de las resoluciones y sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la materia».
Otra petición hecha fue que debe de investigarse el rol de funcionarios del Registro Nacional de las Personas (RNP) en cuanto a la suplantación de personas y «que de inmediato se promuevan mecanismos efectivos para la urgente comunicación de las y los privados de libertad con sus familiares».
«Esto incluye el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad y de seguridad que exige la normativa internacional en la materia y que los órganos contralores del Estado verifiquen el cumplimiento del presupuesto asignado para las condiciones de vida, de rehabilitación y reinserción de los privados de libertad. Honduras, 21 de junio de 2021», puntualizaron.
Por su parte el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), a través de un comunicado, reiteró su compromiso por hacer las investigaciones pertinentes y esclarecer los hechos y la razón de cómo persiste el ingreso de instrumentos que atentan contra la integridad de las personas, a fin de generar un sistema nacional penitenciario garante de los derechos de los reos.