TEGUCIGALPA, Honduras
“Por ser autónomas y fuera del control de las leyes de Honduras, estamos más que seguras que las Zedes podrían ser utilizadas como espacios para la trata de personas», advirtió Ana Cruz, directora de la Asociación Calidad de Vida, una organización no gubernamental que trabaja el tema de trata de personas en el país.
Explicó que su preocupación radica en el sentido que tales regiones «al tener autonomía, podrían generar un agujero legal de provecho para las redes de trata de personas en todas sus modalidades”.
Consideró que a pesar de la existencia de herramientas legales para combatir el flagelo, se torna en tarea difícil y “si esto ya es dificultoso, no quiero imaginarme que sucederá en estas Zedes que son autónomas y sin control de nadie. Los cárteles siempre están buscando estos agujeros legales para traficar con personas y el gobierno no creo que tenga la capacidad de poder controlar esto”.
En ese sentido, destacó “los secuestros a jovencitas y mujeres podrían incrementar en el país, con toda la legislación que tenemos hay índices de encarcelamiento de tratantes súper bajos y ahora con esto los casos de secuestro para trata de personas se podrían elevar y los carteles internacionales se van a poner de acuerdo con los instalados aquí y la seguridad de mujeres, adolescentes y niños se debilitará aún más”.
A criterio de la experta, uno de los grandes obstáculos para erradicar el problema es la impunidad que el mismo Código Penal genera.
“El Código Penal está avalando la impunidad en la trata de personas, antes se castigaban hasta con 22 años y medio de cárcel y las penas se redujeron a ocho años de cárcel y con la retroactividad del nuevo código estas penas se reducen a veces a dos años”, indicó.
“El gobierno no debe de quitar recursos para la prevención del delito por lo que se debe fortalecer a la comisión interinstitucional; cuando se aumenta presupuesto, este dinero se va a los programas sociales… necesitamos que los funcionarios tengan esa conciencia que se debe prevenir la trata de personas, porque la atención a las víctimas solo la está dando sociedad civil. El Estado no tiene siquiera una casa refugio para las perjudicadas”, dijo.
Asimismo, lamentó la falta de atención por parte de las autoridades a los protocolos internacionales.
“En general aquí no se pone en práctica la legislación internacional, si se aplicara se podría judicializar a los tratantes, entonces el Código Penal sigue avalando la impunidad en este tipo de delitos, pero aquí las autoridades no conocen la normativa internacional y aquí se desconoce a qué tratados de derechos humanos está suscrito el país”, añadió.
El informe anual de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) de 2019, revela que hubo 84 víctimas de trata de personas rescatadas de redes dedicadas a esta violación de derechos humanos y el informe de 2020 indica que se rescataron 67.
Sobre estas estadísticas, Cruz explicó “cuando se rescata a una víctima de trata de personas, después hay un proceso largo para reinsertar a esta persona a una vida normal, en los peores casos sucede que hasta la misma familia rechaza a la víctima, y se cruza algo más, el Estado no las considera victimas sino medios de prueba contra los tratantes, eso es violentar derechos humanos”.
En Honduras se ha identificado la trata de personas en su modalidad de explotación sexual comercial en las grandes zonas como San Pedro Sula, La Ceiba y Tegucigalpa y el trabajo forzado suele ocurrir en las zonas rurales.
La trata de personas es un problema mundial, pues este delito priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo.
Las redes de trata de personas, engañan a mujeres, hombres y niños y los someten diariamente a explotación. Si bien la forma más conocida de trata de personas es la sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos.
