TEGUCIGALPA, Honduras
La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), expresó su profunda preocupación por la entrada en vigor de las reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y Ley Especial contra el Lavado de Activos.
La representante de OACNUDH en Honduras Isabel Albaladejo, expresó que “según el análisis realizado por la oficina que represento, las modificaciones publicadas reducen significativamente el espacio cívico, a través de la criminalización de la protesta pacífica, y limitan las posibilidades de investigación y sanción de la corrupción”.
En tanto, añadió que “la urgencia y la falta de transparencia en la aprobación de estas reformas impidieron un debate ciudadano representativo de la diversidad del país y de los grupos y comunidades afectados por las mismas”.
En un comunicado oficial enviado por la oficina de OACNUDH, hicieron un llamado a las autoridades nacionales a considerar la revisión de su contenido, en el marco de un proceso amplio y participativo que incluya a los distintos actores interesados, como las organizaciones campesinas, expertos y expertas en la materia, autoridades, sector privado, academia y personas defensoras de derechos humanos, entre otros.
Asimismo, se agregó que “nos preocupa que la entrada en vigor de estas reformas agrave la situación de conflictividad por el acceso a la tierra, particularmente para grupos campesinos y pueblos indígenas”
“Tanto nuestra Oficina como mecanismos internacionales de derechos humanos han recomendado a Honduras abordar las causas estructurales de los conflictos sobre tierras y territorios y evitar el uso del derecho penal como respuesta a esta conflictividad”, declaró la funcionaria.
También aseguró que “la labor de las organizaciones de la sociedad civil que realizan auditoría social y denuncian la corrupción, y en general, de todas las que defienden los derechos humanos, es fundamental para la promoción y garantía de los derechos humanos, el desarrollo del país y el funcionamiento pleno del Estado de Derecho”.
Finalmente, la oficina de la ONU para DDHH dijo que reiteraba su compromiso de asistir técnicamente a las autoridades hondureñas para que la legislación nacional se traduzca en progresos en materia de derechos humanos, en beneficio de toda la población.
