WASHINGTON, EE.UU.
Los jueces guatemaltecos asignados a cinco Juzgados de Mayor Riesgo -a cargo de investigar casos de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado- enfrentan la presión constante y no cuentan con la protección suficiente ante amenazas de las redes del crimen, estructuras de corrupción y el acecho interno del aparato de justicia.
Así lo afirmó el director de Acción Ciudadana en Guatemala, Manfredo Marroquín, en entrevista con Voz de América. Estos jueces y fiscales independientes solamente cuentan – sostiene- con la «valentía».
“Es una presión orquestada desde todas las instituciones que controla el pacto de corruptos”, indicó Marroquín, al poner en perspectiva la situación del país centroamericano.
La jueza Erika Aifán es uno de los rostros visibles y contra quien se dirigen ataques sistemáticos que van -como ella los define- desde el mismo Ministerio Público, centros de troles hasta estructuras de fachada «que se hacen pasar como sociedad civil» y que mueven recursos para quitarla del camino.
“Los ataques a la independencia judicial (en Guatemala) vienen tanto de factores externos a la institución (Órgano Judicial) como de poderes que están en la misma institución”, ha dicho la jueza a medios de comunicación para explicar la gravedad de la situación que enfrentan.
De ahí que no es casual que las unidades de trabajo de los Juzgados de Mayor Riesgo estén infiltradas por personal que toma licencia para dar aviso con antelación a implicados en casos judiciales sobre resoluciones a emitir, para extraer expedientes y pruebas e incluso vigilar cada movimiento de los jueces.
Y si eso fuera poco, los jueces de estas instancias especiales creadas por Decreto Legislativo en 2012 para combatir la corrupción e impunidad, aseguran que son amedrentados por el mismo Ministerio Público que dirige la fiscal general Consuelo Porras, señalada por Estados Unidos en la Lista Engel de actores corruptos en Centroamérica.
En una entrevista reciente con El País, la Jueza Aifán dijo: “Vemos en este momento que el Ministerio Público está tomando acciones en contra mía, presentando un juicio cada semana. Pero esto tampoco lo hace de una manera aislada, porque vemos los mensajes en las redes sociales a través de los net centers, (troles) que se dedican a generar odio y descrédito».
«Hemos detectado concretamente que un día antes de que el Ministerio Público ejerce las acciones contra los jueces, los net centers las celebran y las anuncian”, agregó.
El exfiscal Juan Francisco Sandoval, exdirector de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (FECI), conversó con VOA desde su exilio en Washington, D.C. Durante la entrevista explicó las dimensiones del deterioro del sistema de justicia, y cómo unas prácticas que iniciaron en Guatemala “para coaptar el sistema judicial” de su país se han ido replicando en los otros países del Triángulo Norte de Centroamérica.
“Ya de Nicaragua ni hablemos porque nos llevan mucha delantera”, dice Sandoval.
Explicó que las amenazas contra los jueces continuarán hasta obligarlos a salir del país, como le ocurrió a él, para salvaguardar sus vidas.
Hasta la fecha, 14 jueces y fiscales han salido de Guatemala y se encuentran en condición de exiliados, la mayoría en Estados Unidos, por hacer frente y no doblegarse ante las estructuras criminales.
En días recientes, medios indicaron en El Salvador que un equipo de fiscales que investigaba actos de corrupción en ese país ha tenido que exiliarse en el extranjero ante las amenazas que enfrentan desde estructuras vinculadas al gobierno de Nayib Bukele.
“No debe quedar la menor duda que las redes político – económicas que imperan en los países del norte de Centroamérica ven la justicia como el eslabón que les permite mantener el status quo (…) existe una clase política que tiene tomado el estado como un botín”, explica el exfiscal Sandoval.
En días recientes el Centro Woodrow Wilson, en Washington, D.C., publicó un estudio realizado por la investigadora Gloria Porras bajo el título: “Efectos de la corrupción en el sistema de justicia del Triángulo Norte” que expone desde diferentes ángulos los riesgos que enfrentan los operadores de justicia que se niegan a cooperar en las redes de corrupción y de crimen organizado.
“Las acciones de presión contra los operadores de justicia en general presentan patrones similares, con identidad de actores y un enfoque sistemático de acoso y hostigamiento que nacen precisamente, en casos donde se discute los intereses de aquellos que forman parte de los grupos de poder”, explica Porras en el informe.
El texto infiere que “muchos funcionarios judiciales” tropiezan y caen en las redes al sucumbir ante el efecto de las presiones que se generan por la falta de seguridad en el cargo, salarios bajos y la politización en los procedimientos de designación, más las “amenazas y la corrupción”, ahonda Porras, Visitante Distinguida del Centro de Derecho de la Universidad Georgetown, en la capital estadounidense.
Además el estudio retoma pronunciamientos y seguimiento de casos por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de organizaciones no gubernamentales que vigilan la situación del sistema judicial en la región como Human Rights Watch.
“Los jueces continúan siendo blanco de actos de interferencia, como presión política, amenazas y hostigamiento, por parte del poder ejecutivo, incluidos algunos particulares vinculados con el gobierno y la delincuencia organizada. Fiscales y denunciantes han recibido amenazas de muerte”, plantea el estudio.
Úrsula Indacochea, directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), explica a VOA que estudios como el presentado por Porras vienen a sistematizar una serie de señalamientos que se han venido anotando desde instancias especializadas en la materia y que tienen mucho trabajo recorrido en Centroamérica.
La experta pone énfasis también en apoyar el trabajo no solo de jueces sino de fiscales, al ser estos el vínculo clave para la aplicación de justicia, pues es el ente fiscal quien presenta las acusaciones, dirige investigaciones y al final es quien por mandato lleva ante el juez a los acusados.
Úrsula Indacochea señala como “muy serio” el deterioro tan rápido que han presentado las instituciones de justicia, en gran parte por el accionar político, que cada vez en los países del Triángulo Norte ha ido tomando mayor control de los sistemas judiciales.
Y dice que es claro que “la corrupción no empieza en la justicia, pero es ahí donde se cierra el círculo”, porque los implicados en desfalcos y actos ilícitos “para garantizarse impunidad necesitan corromper a la justicia”.
El fenómeno ha escalado, si antes un implicado en corrupción podía hacer un cheque para comprar a un fiscal o un juez, “o con una transacción a una cuenta” eso deja huella, hoy el problema ha adquirido otras dimensiones aún más complejas, explica la experta.
“Cuando ya no deja huella es cuando a través de las entidades encargadas de seleccionar a los fiscales generales y a los magistrados de cortes ya esos espacios se coaptan, y ya cortadas las cabezas ya son los mismos miembros de las redes de corrupción que están dentro ocupando cargos judiciales”, explica la experta.
Desde El Salvador el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rodolfo González, quien durante su mandato de 9 años que culminó en 2018, fungió con un selecto grupo de 4 juristas constitucionales que pusieron cortapisas a dos gobiernos en turno desde donde hubo presiones para “desvirtuar sus sentencias”.
Hoy mira en retrospectiva aquellos avances en materia de derechos humanos, combate a la corrupción e impunidad, y las discusiones que llegaron al momento de elegir a los magistrados que les sustituirían; al final hubo consensos y la justicia constitucional -principal garante del Estado de Derecho salvadoreño- se veía a salvo.
Sin embargo, explica González a VOA, al asumir Bukele la presidencia con amplio apoyo popular veía en el mandato del electorado una especie de “carta en blanco para refundar el Estado salvadoreño a su manera”.
Durante la pandemia las divergencias tocaron limites al rechazar el ejecutivo los mandatos de la Sala de lo Constitucional que emitió sentencias para garantizar derechos fundamentales coartados durante las medidas sanitarias.
Así, al tener el control mayoritario de la Asamblea Legislativa, el 1 de mayo de 2021 la primera acción en la sesión inaugural del legislativo dominado por la bancada de Bukele fue destituir al pleno de la Sala de lo Constitucional (5 jueces) y al Fiscal General de la República y poner operarios allegados al ejecutivo.
«El argumento que presentaron los diputados es que no les tenían confianza (a magistrados y fiscal general), violando todo el debido proceso de selección e imponiendo a funcionarios que son claramente ilegítimos», dice González.
En la actualidad el sistema de justicia tiene serios señalamientos de observadores locales y la misma comunidad internacional al grado que los 5 magistrados constitucionales impuestos el 1 de mayo de 2021 fueron señalados por Estados Unidos e incluidos en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos de Centroamérica.
En adelante explica el exmagistrado, la justicia salvadoreña ha experimentado un retroceso sin comparación en la era democrática del país, surgida después de los Acuerdos de Paz firmados en 1992, que llevó a una reestructuración del aparato de justicia.
Ante los señalamientos de Estados Unidos y la Unión Europea los actores centroamericanos señalados por observadores se defienden ante sus acciones.
El secretario de Estado, Antony Blinken, defendió postura de Estados Unidos al designar a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras y al segundo al mando del Ministerio Público, más los 5 magistrados salvadoreños y al presidente de la Asamblea Legislativa de ese país.
“Estados Unidos está comprometido a apoyar al pueblo del norte de Centroamérica fortaleciendo la democracia, el Estado de Derecho y la rendición de cuentas, que son las claves para un futuro mejor”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense.
Sin embargo, desde el gobierno de Guatemala calificaron de “falsos e infundados” los señalamientos que tomó Estados Unidos para incluir a los titulares fiscales en la lista de corruptos.
“Todo este tipo de acciones, perturbaciones, denigraciones y menoscabo a la institución, constituyen una verdadera obstrucción a la justicia, meritoria de ser investigada”, dijo la fiscalía guatemalteca en un comunicado, a finales de septiembre.
Por su parte el presidente Alejandro Giammattei, en defensa de la fiscal general Porras, dijo que Estados Unidos al incluir en la Lista Engel a funcionarios del Estado cometía una “falta de respeto a las relaciones internacionales”.
“Primero, [que] se acuse sin pruebas o sustentos; segundo, violar los derechos humanos; y, tercero, dar valor a las declaraciones de quienes cuentan con intereses personales y procesos pendientes en Guatemala”.
En el caso salvadoreño las respuestas del ejecutivo han sido también escuetas y desafiantes a Estados Unidos por señalar la corrupción y poner en pausa carteras de asistencia en cooperación. (Con información de VOA).
