TEGUCIGALPA, Honduras
La subsecretaria de seguridad Julissa Villanueva aseguró que no existen condiciones para un cambio de medidas al exmandatario Juan Orlando Hernández, pedido en extradición por EE.UU. por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Asimismo, dijo que la condición médica del extraditable se controla de manera correcta, por lo cual no ve la necesidad de otorgarle arresto domiciliario.
Agregó que durante el proceso de detención y su estadía en el Comando de Fuerzas Especiales no se le han violentado los derechos al exgobernante.
Remarcó que se ha actuado de acuerdo a los parámetros para brindar dignidad en los términos de custodia que se encuentra con el Estado.
Señaló que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) y la Secretaría de Derechos Humanos acompañaron y constataron la operación.
«No existe ninguna razón o condición legal para el cambio de medidas al expresidente, tampoco hubo uso de la fuerza en su detención. Se están respetando todos sus derechos y es importante que la población lo sepa, que no se está violando absolutamente nada», acotó.
La alta funcionaria indicó que de ser trasladado a su casa sería casi imposible poder garantizar la seguridad que es una preocupación para la Policía.
Al respecto el abogado Marlon Duarte dijo que no se puede otorgar un cambio de medidas que no sea prisión preventiva al expresidente.
Comentó que el derecho de petición lo tienen todas las personas que viven en el país, inclusive los extranjeros.
Villanueva consideró que los abogados se ven en la obligación de defender a su cliente con todos los argumentos que la ley pueda permitirles.
«Veo muy difícil que el pleno de la Corte Suprema de Justicia vaya en contra de lo que ellos mismos emitieron, un arresto preventivo», arguyó.
Puntualizó que el auto acordado es el único que existe en Honduras para regular este tipo de procedimientos, “pero este lastimosamente ordena que cuando se reciben las diligencias el juez emita la orden de captura que fue lo que ha pasado en este caso”.
Explicó que una vez que se le notifique los cargos al imputado, se ordena el arresto o prisión preventiva, por lo que no existe otra posibilidad dentro del auto acordado que pueda permitirle al tribunal emitir una resolución diferente.
«No creo que el Poder Judicial se arriesgue a una acusación por abuso de autoridad porque la ley no establece otro trámite cono el acordado como ya lo rige el auto acordado», sentenció.
