TEGUCIGALPA, Honduras
Diputados presentaron un proyecto de ley que consiste en la reducción de salarios a funcionarios, debido a la petición realizada por la Secretaría de Finanzas respecto a la precariedad en la economía del país.
La iniciativa fue propuesta por el diputado Sergio Castellanos, quien consideró que los funcionarios deben reducirse los salarios y eliminar privilegios de los empleados estatales como una forma de austeridad.
La medida sería establecida desde marzo de 2022 hasta enero de 2026 ya que según él no deben repetir los actos de la administración de Juan Orlando Hernández.
“Uno de los abusos fueron los salarios exorbitantes de funcionarios públicos, otra forma más de corrupción del régimen, siendo inverso a la capacidad económica que los hondureños vivieron en los últimos 12 años”, expresó
Indicó que el gobierno de Xiomara Castro debe marcar la diferencia de forma austera y honesta, cesando los abusos.
Enfatizó que ninguna persona que labore para el Estado debe ganar más que la presidenta Castro en referencia a las denuncias de altos sueldos de los titulares del Banco Central de Honduras (BCH) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi)
Hasta ahora solo el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, anunció de manera pública la reducción de salarios que, según, él sería un ahorro de 525 mil lempiras anuales.
EN TODOS LOS PODERES. Por su parte, el vicepresidente del Poder Legislativo, Rasel Tomé, apoyó la iniciativa de su correligionario, al destacar que solo con estas medidas se puede refundar el Estado.
“Ponemos como techo que ningún funcionario de los tres poderes del Estado puede ganar más que la presidenta, eso es colocar las cosas en su lugar porque ella ocupa el cargo de mayor honorabilidad y responsabilidad”, dijo.
Aseveró que ningún empleado debe utilizar vehículos blindados, helicópteros o dispositivos de seguridad, exceptuando a los titulares de los tres poderes del Estado.
Asimismo, solicitó a la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) debe subastar los artículos y propiedades productos del narcotráfico o delincuencia organizada para que los recursos obtenidos pase a las finanzas públicas y sea destinado al área educativa.
