TEGUCIGALPA, Honduras
El presidente del Congreso Nacional Luis Redondo presentó un informe en el que denunció que la pasada legislatura liderada por Mauricio Oliva, realizó diversos actos de corrupción, como sobrevaloraciones de contratos, altos pagos en alquileres de transporte y derroche monetario en alimentación.
Al respecto el abogado German Licona recomendó al Ministerio Público actuar de oficio con los hallazgos presentados por el jefe del Poder Legislativo y solicitar una copia del documento.
Externó que «según el informe que ha presentado el actual Congreso Nacional vemos como arbitrariamente la administración anterior no hizo un uso adecuado de los recursos y los causales públicos».
Precisó que «hay delitos como lo es el abuso de autoridad, la malversación de caudales públicos y la apropiación indebida de estos mismos ya que los hicieron al margen de la ley. Además se expresa la mala fe de estos funcionarios en generar un perjuicio económico al Estado de Honduras».
«El Ministerio Público una vez ha puesto oído a la información que brindó la junta directiva del Poder Legislativo de oficio tiene que apersonarse a la oficina de la Secretaría del Congreso Nacional y solicitar una copia o una certificación de ese informe para realizar las investigaciones del caso», aseveró.
Añadió que «de haber mérito en esta denuncia-informe se debe aplicar la ley conforme a la legislación».
En ese sentido el jurista Abel Orellana dijo que la denuncia hecha por el titular del Legislativo, Luis Redondo, debería motivar a la fiscalía a actuar de oficio.
Arguyó que «hay que recordar que todavía tenemos un Ministerio Público pintado de color azul y la verdad esto debe motivar la apatía con la que actúa las autoridades del ente acusador del Estado y esto sin dudar nos afecta en su actuar».
Apuntó que «las autoridades del Ministerio Público se confabularon con estos ilícitos y por esta complicidad también transgrede un delito por omisión que estas personas perfectamente pueden ser también perseguidos por una acción criminal».
Al respecto el exjefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) Odir Fernández apuntó que la fiscalía tiene los indicios suficientes para poder actuar.
Explicó que «en el tema del fraude hay facturas donde se evidencia que compraban cosas a un valor y hoy se presenta con otro precio, eso podría ser un insumo, hay auditorias técnicas que se han realizado y que perfectamente podrían servir de indicios, pero al final de cuentas a quien le corresponde recabar todas las evidencias para someterlas a un eventual juicio es al Ministerio Público».
«Tienen los indicios suficientes la mínima actividad para poderlos someter; con las evidencias que nos han compartido podemos determinar que estamos ante un tipo penal de fraude en algunos casos, en otros la malversación de caudales públicos por cambio de destino puesto que se movieron líneas presupuestarias que estaban destinadas para unas cosas y las utilizaron para otra», acotó.
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