TEGUCIGALPA, Honduras
La bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) envió una carta al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para que sometan a discusión, votación y derogación de los decretos 57-2020 y 93-2021.
El jefe de la bancada del PSH Tomás Ramírez leyó el documento en el que instó a eliminar ambos decretos para acelerar el desmontaje del blindaje a la corrupción.
LA BANCADA DEL PARTIDO SALVADOR DE HONDURAS INFORMA LO SIGUIENTE: pic.twitter.com/ck1LRCBsSN
— Psh Bancada (@BancadaPsh) November 3, 2022
Aseguró que «derogando estos horrendos instrumentos jurídicos que tienen por única finalidad una exitosa impunidad».
«La bancada del PSH no encuentra una explicación razonable y sensata para que no haya sido sometido discusión y votación la derogación de tales decretos puesto que el Congreso Nacional debe buscar reivindicarle la dignidad al soberano eliminado estos decretos», detalló.
Además, precisó que la población tiene derecho a saber quiénes de los diputados están luchando verdaderamente contra la corrupción, quienes de sus legisladores aparentan luchar contra la corrupción.
«Como representantes del pueblo le pedimos al efecto proceda sin dilación a someter a votación la derogación de los decretos legislativos que representan un verdadero acto criminal al permitir que delincuentes estén aprovechando la vigencia de los mismos para lograr su impunidad permanente», reza el comunicado.
Estos decretos 57-2020 y 93-2021 aprobados bajo la administración del expresidente del Congreso Nacional el nacionalista, Mauricio Oliva, impiden llevar a cabo el decomiso de información y ejecutar investigaciones con relación al delito de lavado de activo.
La petición para derogar el decreto 57-2020, es porque este restringe al Ministerio Público para realizar el inmediato secuestro de documentos y objetos relacionados en investigaciones o persecuciones del delito, como carga probatoria.
Además, lo obliga a someterse a las decisiones de los jueces, quienes definen qué órganos se encargaran de la custodia de la carga probatoria.
Por su parte el decreto 93-2021 reforma varios artículos del Código Penal en el delito de lavado de activos.
También, desobliga a los entes financieros a develar información ante investigaciones de lavados de activos y extorsión sin la previa autorización de un juez.
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