TEGUCIGALPA, Honduras
El diputado nacionalista, Nelson Márquez, denunció que en el nuevo presupuesto los secretarios de Estado podrán realizar las compras de bienes y servicios, así como realizar contrataciones directas, obviando la Ley de Contratación de Estado que obliga a licitaciones.
No obstante, la secretaria de Finanzas Rixi Moncada desmintió lo expresado por el congresista de oposición.
Además, indicó que no existe ninguna objeción para que la comisión del dictamen del Legislativo suprima el Procedimiento Especial para Compras en el presupuesto general de 2023.
El Procedimiento Especial para Compras y Cont. aprobado y vigente en Pres. 2022, y reformado por el Congreso para incluir instituciones descentralizadas; la SEFIN no tiene ninguna objeción para que en 2023, la Comisión d Dictamen @hnoepino, dentro de sus competencias, lo suprima.
— Rixi Moncada (@riximga) December 14, 2022
Según el legislador expuso que en el artículo 289 del proyecto de Presupuesto General de la República para el ejercicio Fiscal 2023 los secretarios de no tendrán necesidad de tener la autorización de la presidenta, Xiomara Castro.
«La contrataciones directas, recordemos, sólo se autorizan cuando hay una situación de emergencia nacional y ellos estarían tomando esas determinaciones automáticamente dentro de cada secretaría, autoridad que no tienen los secretarios y de esta manera tratar de jugarle la vuelta al Estado de Honduras», abundó.
Márquez, dijo que le «pareció increíble que el Consejo de Secretarios de Estado solicite en el presupuesto general durante todo el 2023 se obvie la Ley de Contratación de Estado».
Sin embargo, externó que le complace lo dicho por la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, en sus redes sociales aclarando la situación del artículo 289.
«Sí nos satisface, el problema es que ya no le corresponde a la ministra de Finanzas a esta instancia el decidir o no sobre estos artículos, porque cuando le competía realmente fue cuando se formuló el Presupuesto General de la República», comentó.
Además, aseguró que la mayoría de los diputados de las bancadas del Partido Liberal, Nacional y Partido Salvador de Honduras (PSH) están en contra de los artículos 289, 290 y 291 a excepción del oficialista, Partido Libertad y Refundación (Libre).
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