TEGUCIGALPA, Honduras
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) reveló que durante 2022 Honduras fue escenario de casi medio centenar de hechos violatorios a las libertades de expresión y de prensa.
Datos preliminares indican que el año anterior no se registró ninguna sentencia condenatoria contra los responsables de ultimar a las 95 personas vinculadas a los medios de comunicación, entre ellos periodistas, locutores, camarógrafos, fotógrafos, operadores, editores y propietarios, que perdieron la vida violentamente desde 2001, cuyos crímenes de mantienen impunes en el 92 por ciento de los casos.
Un informe del ente estatal detalló ejercicio periodístico, en el país, se vio afectado por una serie de hechos violatorios a las libertades de prensa y de expresión que van desde amenazas, agresiones,
atentados, hostigamiento, intimidación, detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado e incluso la muerte violenta e impune de cinco personas, entre ellos dos periodistas, dos comunicadores sociales y un camarógrafo.
En esta radiografía de inseguridad, para las personas que trabajan en medios de comunicación, los
departamentos de Lempira, Cortés, Choluteca, Atlántida y Francisco Morazán fueron escenario, en 2022, de la muerte violenta de cuatro personas que laboraron en televisión y uno radio.
En este escenario de violencia, contra personas que laboran en medios de comunicación, al menos, cuatro fueron objeto de atentados contra su integridad física y sus vidas. Dos casos tuvieron lugar en Tegucigalpa, Francisco Morazán; uno en Gracias, Lempira y otro en Marcovia, Choluteca.
El 26 de mayo del año anterior ocurrió un hecho condenable cuando el camarógrafo, Ricardo Ávila fue víctima de un atentado criminal, por sujetos desconocidos, que le impactaron un balazo en la cabeza.
El hecho ocurrió en la comunidad de Santa Cruz, jurisdicción del municipio de Marcovia, en el
departamento de Choluteca.
Por la gravedad de las heridas, Ávila fue remitido a un centro hospitalario,
tres días después perdió la vida.
Alrededor de 17 trabajadores de medios de comunicación también denunciaron ser víctimas de amenazas. En algunos de los casos se responsabilizó a funcionarios gubernamentales, autoridades municipales y particulares.
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, expresó de manera contundente que Honduras sigue siendo un país
sin justicia para las víctimas ni castigo para los victimarios.
«La persistencia de la impunidad en el país genera un sentimiento de impotencia y frustración en el pueblo hondureño y, se les niega a los familiares el derecho a conocer la verdad», indicó.
La defensora del pueblo fue tajante el expresar que el asesinato, la intimidación y las amenazas a las
personas que trabajan en medios de comunicación, viola sus derechos fundamentales y coarta
severamente la libertad de expresión.
