TEGUCIGALPA, Honduras
El amotinamiento registrado en el centro penitenciario femenino de Támara, que causó la muerte de 46 reclusas, tendría repercusiones legales en contra del Estado de Honduras, exponen expertos.
Gonzalo Sánchez, experto en criminología, expuso que Honduras puede ser objeto de una demanda internacional por este hecho violento.
“En el lugar donde se supone que la personas están más seguras son en los centros penitenciarios porque están bajo la tutela del Estado. Si los matan adentro de los centros penales, entonces puede ser objeto de una demanda”, expresó.
De igual manera, el jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomás Ramírez, declaró que Honduras al estar suscrito a tratados internacional tendrá consecuencias legales por no velar por los DDHH de los reclusos.
“Nos vamos a enfrentar a demandas, eso es lógico porque el Estado de Honduras es garante de los derechos de los privados de libertad. Que se suceda esta masacre en una cárcel deja mal parados los derechos humanos de estas personas”, dijo.
«EL GOBIERNO, ÚNICO RESPONSABLE». Por su parte el analista Josué Murillo en comunicación con El Pulso consideró que esta tragedia no es un motivo para que el actual gobierno se excuse mediante teorías de conspiración ante su inoperancia.
Además, detalló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido observaciones al Estado, las cuales no fueron acatadas, ya que en año y medio de gobierno no se ejecutaron las reformas para garantizar el respeto a la vida de los privados de libertad.
“Las consecuencias serán sanciones para el Estado, válidas. No esperaría que ninguno de los funcionarios públicos salga a decir que es una represalia de la Corte Interamericana de DDHH si lo cuerpos fueron calcinados y acribillados, es decir, estamos ante una situación nefasta e inhumana”, lamentó.
Enfatizó que el único responsable de este hecho violento es el gobierno, por tanto, debe asumir todas las consecuencias que se llevarán a cabo por organismos internacionales.
“Se necesita una reparación adecuada a los familiares de las víctimas, pero no una con la que busque justificar que el Estado ya cumplió con su obligación”, acotó.
Agregó que el Estado debe brindar el apoyo psicológico a las reclusas sobrevivientes a esta reyerta y que vieron morir a sus compañeras.
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