TEGUCIUGALPA, Honduras
(Por Denis Aguilar) En el Congreso Nacional, existió unanimidad para la aprobación y derogación de algunos decretos, sin embargo, para otros no lo hubo. Nadie los entiende, mucho menos, quien elabora esta crónica.
Entrando en detalle, están los pactos de impunidad y la no se ratificación del acta para que Honduras se pueda adherir al Banco de Desarrollo de América Latina o Corporación Andina de Fomento (CAF).
Los pactos habían sido aprobados en 1999 y otorgaban inmunidad a funcionarios y políticos por delitos cometidos durante su mandato.
La derogación de estos pactos es un paso importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras.
El pleno del legislativo no ratificó el acta que contenía, entre otros proyectos y decretos, la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina.
El presidente Luis Redondo arguyó que la ratificación del acta no afecta lo aprobado y que la misma está orientada para aspectos de narrativa o redacción de lo que ocurrió en una sesión.
Por su parte, el diputado liberal, Marlon Lara, les dijo que no tuvieran miedo a perder una votación.
En ese sentido, la votación fue de 71 votos en contra de la ratificación del acta, 55 votaron a favor y hubo dos abstenciones, pese a la no ratificación del acta, el titular del Legislativo, anunció que enviaría a sanción al Ejecutivo.
Los desacuerdos políticos sobre la ratificación de esta acta mantenían en parálisis al Parlamento hondureño, que retornó a labores tras casi dos meses sin sesiones ordinarias.
Honduras había firmado la adhesión como miembro pleno del CAF, en julio del año pasado, mientras que el organismo dio su visto bueno para el ingreso del país, así como el de Chile, un mes después, el 24 de agosto.
DEROGAR PACTOS DE IMPUNIDAD. Por otra parte, El Congreso Nacional aprobó por unanimidad de votos la derogación y reformas de los decretos 57-2020 y 93-2021, respectivamente, dos de los tres decretos que son considerados pactos de impunidad.
La derogación ocurrió por unanimidad de votos consiguiendo que 111 diputados en el tercer debate que estaban presentes en el hemiciclo legislativo.
En ese sentido, El diputado de Libre, Yahvé Sabillón, expresó que está contento y feliz que se haya derogado estos “dos pactos de impunidad” que ocurrió en la anterior administración.
El congresista señaló que el decreto 93-2021 está relacionado con la Ley de Lavado de Activos y el financiamiento contra el terrorismo, no obstante, el decreto 57-2020 consistía en quitarle la facultad al Ministerio Público la acción de acusar cuando hay indicio racional de corrupción y sustraer documentos de las entidades del Estado.
“Me gustó que los compañeros nacionalistas, que quienes fueron los que pusieron esos pactos de impunidad rectificaron el enorme error y daño que le habían hecho al pueblo hondureño”, añadió.
Pese a lo mencionado en el párrafo anterior, hace falta derogar el decreto 116-2019 que está relacionado con la Ley del Fondo Departamental, dinero que diputados y alcaldes utilizaron del erario público; asimismo, falta aprobar la Ley de Colaboración Eficaz para que se cree las condiciones para la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Seguidamente, el titular del legislativo, Luis Redondo, propuso reformar la redacción de algunos artículos del decreto 93-2021, entre ellos, 1,2,112 y 439.
Mientras tanto, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, indicó que si verdaderamente se quiere combatir la corrupción en Honduras se tiene que derogar el decreto 04-2022 que habla sobre la Ley de Amnistía aprobada en febrero de 2022, que busca extinguir procesos penales contra presos políticos, defensores del medioambiente y que al mismo tiempo, perdonó los pactos de impunidad y todos los delitos de corrupción a muchos funcionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales.
Según él, de esa manera se les va a creer de que es sincera la lucha contra la delincuencia y criminalidad, pero no tienen valor de hacerlo, “son cínicos y tienen doble moral, porque quieren tomarle el pelo a la gente pensando que es tonta”, añadió.
Durante la reunión ordinaria varios parlamentarios señalaron que dichos decretos representaban pactos de impunidad, otorgaban blindaje a los corruptos a través del lavado de activos y el secreto bancario.
