TEGUCIGALPA, Honduras
Organismos de sociedad civil consideraron que el Ministerio Público debe comenzar una investigación en contra de figuras políticas y empresarios que forman parte de la Lista Engel emitida por el gobierno de EE.UU.
El integrante de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, expuso que los órganos de justicia esclarezcan los señalamientos en este documento.
“Se establecen los supuestos que pudieron haberse cometido delitos de corrupción contra la administración público, tienen la obligatoriedad el Ministerio Público de iniciar un proceso de investigación porque sea verdad o no, es del conocimiento público este tipo de señalamientos”, declaró.
Enfatizó que el Código Procesal Penal establece que cuando es un delito de orden público debe comenzar una indagación de oficio por el ente acusador.
“Espero que a raíz de lo sucedido, se inicie una investigación seria y objetiva tal como lo dice la Ley Orgánica del Ministerio Público que determine la veracidad de los hechos. Cada vez que sale esta lista, siempre queda la ambigüedad si es cierto o no”, dijo.
Madrid destacó que no se trata de chismes, el departamento de Estado de EEUU verifica la información antes de emitir un pronunciamiento, aunque es una designación administrativa y no judicial, pero que genera una infracción moral.
Por su parte, el coordinador de la unidad de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Luis Urbina, indicó que este listado deja en entrever la labor de la fiscalía.
“Esclarece la falta de institucionalidad en el Ministerio Público que tiene las facultades para poder investigar casos, pero en realidad no lo hace. Esa es la importante de hacer una elección de un fiscal general y adjunto autónomo e independiente como establece la Constitución”, expresó.
Detalló que los factores tomados por el gobierno estadounidense para elaborar el listado son, que dichos personajes socaven los procesos de instituciones democráticas y el estar listado en actos de corrupción que afectan la administración pública.
“Es importante hacer alusión que la obstrucción de investigaciones viene a repercutir en el Congreso Nacional. De las 47 personas mencionadas no tienen procesos abiertos, tenemos varios señalados desde 2021”, agregó.
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