TEGUCIGALPA, Honduras
El gobierno hondureño advirtió a las organizaciones de la sociedad civil que la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, prepara una trama para desestabilizar la administración de Xiomara Castro.
En un explosivo comunicado leído anoche, el Ejecutivo socialista mandó a decir que Castellanos «utilizando a la sociedad civil, se pretende erigir como representante del pueblo intentando encubrir los intereses que realmente representa, que son los de un sector reaccionario de EE.UU.», lo que profundiza la grieta entre ambos bandos.
Según la secretaría de Gobernación, el CNA no es un ente privado de sociedad civil, pues recibe 23 millones de lempiras anuales, lo que significa «más del 50 por ciento» y obtiene fondos del gobierno estadounidense, a través de Usaid, que superan los 20 millones, para un total que sobrepasan los 43 millones por año.
Para echar más gasolina al fuego, el gobierno fustigó la conducta abúlica de Castellanos, pues cuestionó que durante los dos mandatos del exjefe narco Juan Orlando Hernández hizo la vista gorda ante sendos actos de corrupción, entre ellos, la controvertida compra de los hospitales móviles y la reelección del exgobernante de 2017.
Asimismo, se añadieron otras críticas a la jefa de la oficina anticorrupción, en el sentido que vio para un lado en la corrupción de las alianzas públicas y privadas, el contrato de concesión con el consorcio Energía Honduras, las Zedes, la cesión a terceros de Palmerola, vínculos oficiales con el narcotráfico, el golpe de Estado de 2009 y presuntos pagos ilegales a periodistas.
La respuesta del gobierno ocurre después que Castellanos, quien regresó ayer de un autoexilio impuesto tras presuntas amenazas que lo logró demostrar, dijera en rueda de prensa, junto a varios dirigentes de sociedad civil y la representante residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, dijera que liderará una «transición» hacia la democracia, hecho que encendió las alertas de los altos dirigentes del Estado.
Además, advirtió en esa rueda de prensa, sin acceso a preguntas, indicó que su retorno al país fue «para ver presos a los corruptos», en una velada amenaza a los altos funcionarios a quienes denunció en su momento por presunto nepotismo.
Incluso, figuras como la presidenta Xiomara Castro, el asesor del Ejecutivo Manuel Zelaya, el canciller Enrique Reina y la secretaría de Finanzas Rixi Moncada, entre otros, denunciaron la conducta de Shackelford y la calificaron de intromisión en los asuntos internos del país.
Castellanos se ha asumido para sí una suerte de protagonismo al frente del CNA que le ha valido fuertes enfrentamientos entre gobierno y oenegés que respaldan las posturas anticorrupción asumidas por la también abogada; es vista con recelo por afines al palacio José Cecilio del Valle al tiempo que le recriminan la dictadura que mantiene en la instancia que dirige desde hace más de una década.
Cabe mencionar que el actual coordinador del organismo es el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, quien es visto como un «aliado» del gobierno de Hernández; de hecho, lo acusan de haber votado por el aún hombre fuerte del nacionalismo en los comicios de 2017.
Días antes que Castellanos saliera intempestivamente del país, recibió el voto de confianza de la mayoría de las organizaciones que conforman el comité ejecutivo del CNA; el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph), Edvin Canales, se desmarcó de la postura asumida por las demás organizaciones al alegar que la jefa anticorrupción adoptó posturas que no son compatibles con el ejercicio del cargo.
