TEGUCIGALPA, Honduras
Los abogados Mario Urquía y Luis Javier Santos quedaron fuera del proceso para aspirar a ser fiscal general del Ministerio Público, por decisión mayoritaria de la Junta Proponente.
El organismo conoció el recurso de reposición interpuesto por el jurista Mario Urquía y el recurso de recusación presentado por el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, ambos quedaron fueron declarados sin lugar.
De esta forma, la Junta Proponente afirma su decisión de separar a ambos juristas del proceso, tras la etapa de tachas y denuncias.
El integrante del organismo, Odir Fernández, explicó que Santos queda fuera del proceso, al presentar un informe por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) donde expone que él fue demandado en 2013 por acción de reparación en el caso denominado Jannette Kawas, en el que el Estado de Honduras fue condenado.
“Se identificó que el Ministerio Público no hizo su trabajo, entonces la PGR presentó la acción en contra de los funcionarios involucrados. Han transcurrido 10 años y que él no se dé cuenta que está demandado, realmente es preocupante para un funcionario fiscal”, declaró.
Fernández también aseveró que había presión para que Santos continuara en la siguiente etapa.
“Esas presiones no nos van hacer claudicar o hacer caer sobre las condiciones que tenemos. Hemos dejado un punto importante, se han ido personas del proceso que ya los hacían fiscal general, ahora no se sabe quién será el fiscal, sino que habrá una lista final de cinco”, dijo.
Mientras que en el caso de Urquía, en la sesión del pasado 20 de julio, queda fuera del proceso tras un intenso debate que dejó como resultado tres votos contra dos.
Asimismo, los magistrados Rebeca Ráquel y Wagner Vallecillo no conocieron las tachas al considerar que podría haber un conflicto de interés, ya que Urquía fue quien presidió la Junta Nominadora, donde se seleccionó la nomina final para la elección de magistrados del Poder Judicial.
En ese sentido, el abogado Joaquín Mejía, señaló que en el caso de Urquía se hizo una interpretación teleológica del artículo ocho la ley de la Junta Nominadora, donde expone que un miembro de este organismo no podrá ocupar cargos en los tres poderes del Estado.
Mejía expuso que dicha norma no aplica, ya que el Ministerio Público es un órgano autónomo y con rango constitucional, por ende la tacha no aplicaría.
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