TEGUCIGALPA, Honduras
En los próximos días, el Congreso Nacional de Honduras podría aprobar la llamada Ley para la protección de los usuarios de las telecomunicaciones, informalmente conocida como Ley SIM.
Para la GSMA, la asociación global de la industria móvil, la aprobación del texto actual de la norma representaría un riesgo para los derechos de los usuarios y una involución para la regulación del sector en Honduras.
En la experiencia internacional de la GSMA, además de imponer requisitos técnicos inviables de implementar para los operadores, la evidencia empírica muestra que los proyectos de este tipo no contribuyen al objetivo para el que son creados: combatir la actividad delictiva y criminal.
Como ejemplo, en México, los registros de usuarios fueron discontinuados por falta de resultados.
El proyecto busca, entre otros puntos, la creación de una base de datos de los usuarios de telefonía móvil registrados en el país que será administrada por actores gubernamentales cuyos marcos regulatorios no les atribuyen estas funciones.
Asimismo, obligaría a los operadores móviles a entregar información sobre las comunicaciones de sus clientes sin que medie una orden judicial.
Estas medidas abren las puertas a la vulneración de los derechos a la privacidad y protección de datos de la población hondureña.
La industria móvil de Honduras comparte el objetivo de garantizar un entorno seguro para los usuarios y ha venido colaborando con Conatel y las autoridades de seguridad en una regulación con este fin.
La actual norma en discusión no refleja los resultados de esas conversaciones y consensos.
La GSMA se pone a disposición del sector y el Congreso Nacional para contribuir con el debate de un texto de ley para el beneficio y protección de todos los hondureños.
