Las horas del infame fiscal general Óscar Fernando Chinchilla al frente del Ministerio Público están contadas. Pasará al cesto de la basura por hacer la vista gorda ante cruentos actos de corrupción como el megafraude al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el saqueo de los recursos del Estado y los vínculos de altos dirigentes estatales con el narcotráfico.
Ahora, el abogado Chinchilla pagará una pesada e histórica factura por haberse plegado al golpe técnico del 12 de diciembre de 2012, cuando Juan Orlando Hernández, con 71 diputados nacionalistas a su favor, junto a otro puñado de liberales, destituyó a cinco magistrados de la Sala Constitucional, cuyo silencio del saliente fiscal general le fue recompensado con la conducción del ente acusador del Estado, desde donde favoreció a sus correligionarios azules, persiguió implacablemente a los opuestos al régimen, criminalizó la protesta social y a los defensores del ambiente y maniobró hasta el final para no acusar al ahora extraditado.
Para muestra un botón, Chinchilla presentó in extremis más de 15 acusaciones contra Hernández por nexos con narcos, asesinato, difamación, entre otros, como un último intento por impedir que el exmandatario fuera entregado a las autoridades norteamericanas.
El fiscal cinco estrellas, como fue presentado por los adláteres del ahora preso en EE.UU., deberá recoger sus aperos y marcharse al ostracismo.
Mientras tanto, llegamos a la hora de las verdades, o la hora cero. El Congreso tiene en sus manos el deber de nombrar un fiscal general que responda a los intereses de la sociedad, no de grupos económicos o políticos involucrados en corrupción y que han sido beneficiados por el manto de la impunidad.
No a quienes convirtieron este país en una hacienda personal y nos terminaron viendo como sus vasallos… Se necesita de un jefe del Ministerio Público comprometido con la justicia y la verdad. En otras palabras, de un verdadero defensor de la población.
Por ello, las fuerzas políticas deben alcanzar consensos de inmediato para iniciar el adecentamiento de un órgano que durante la última década se dedicó a perseguir a los «enemigos del Estado» que no eran necesariamente los vinculados con delitos de cuello blanco.
Aquellos funcionarios que en su momento fueron procesados, fue para salvaguardar el sistema que nos ha mantenido en la vil miseria. Al fin y al cabo, la cadena siempre se rompe por su eslabón más débil.
Quien asuma el liderazgo del Ministerio Público, sabe que tendrá en sus manos la oportunidad de colocar el organismo al servicio de la gente; si hace lo contrario, sufrirá los peores apremios morales de la población y se colocará del lado de los represores, de quienes aspiran a mantener nuestro país como un botín.
En el Congreso se definirá el futuro de la justicia en Honduras.
