TEGUCIGALPA, Honduras
El exsecretario de Seguridad Ramón Sabillón y su sucesor Gustavo Sánchez hicieron la vista gorda ante los llamados que hizo en su momento la subsecretaria Julissa Villanueva, cuando dirigió la comisión interventora del Instituto Nacional Penitenciario, según documentos confidenciales que fueron cedidos a El Pulso.
Según la información que obtuvo este periódico, las solicitudes hechas por Villanueva tanto a Sabillón como a Sánchez, cuando fungió como director de la Policía Nacional fueron desestimadas, supuestamente, por ambos lo que se tradujo en un menor apoyo en el proceso de intervención de las cárceles del país.
De hecho, se logró saber que hubo varias comunicaciones internas que fueron giradas desde la ya desaparecida Comisión Interventora del Sistema Penitenciario, en las que se confirma que desde mayo anterior Villanueva, quien fungió por 40 días como la titular de la interventora, mandó a pedir de urgencia, tanto a Sabillón, quien dejó el cargo días después y sucedido por Sánchez que fungió como director de la Policía, el apoyo para intervenir y hacer requisas exhaustivas de desarme al interior de las cárceles, pero tales peticiones fueron ignoradas y con escaso apoyo operativo táctico.
Para el 10 de mayo, según supo este medio por fuentes que merecen total confianza dentro de la Secretaría de Seguridad, Villanueva dijo a sus allegados que ella seguía al pie de la letra el Plan Solución Contra el Crimen (SCC) que previamente fue creado por la presidenta Xiomara Castro y que el mismo debía de contar con el apoyo de la Policía en cuanto a las operaciones tácticas y de campo.
En consecuencia, de acuerdo a versiones recogidas, pidió que los directores policiales fuesen instruidos al cumplimiento de la orden emanada días atrás por la jefa del Ejecutivo.
En los documentos en manos de El Pulso, se constató sobre las solicitudes hechas por la subsecretaria de Seguridad que fueron enviadas a los despachos de Sabillón y Sánchez, sin que tuviera una respuesta contundente para neutralizar la crisis del sistema carcelario.
Al respecto, uno de los memorandos que “con carácter urgente se haga conocimiento de la Dirección General de las observaciones, consideraciones y requerimiento siguientes: considerando la cantidad de población penitenciaria recluida, su entorno de gobernanza y el estado de fuerza institucional, se debe estructurar la operación de requisa de manera estratégica priorizando en un primer momento a los centros penitenciario de Támara y PNFAS (cárcel de mujeres) simultáneamente”.
Ese documento, se logró constatar, fue enviado por la también extitular de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público a los señalados unos días de haber sido nombrada como interventora.
La respuesta que esperaba nunca llegó; la masacre de junio pasado, ocurrido en la prisión femenina se adelantó a su reclamo.
En cuanto a otra notificación hecha el 10 de mayo, se destaca que las cárceles de alta seguridad de Ilama y Morocelí eran objeto de requisas urgentes para encontrar armas y explosivos ocultos por los reos de elevada peligrosidad. En cuanto al presidio de mínima seguridad de El Porvenir, pidió una intervención de manera independiente, sin embargo, hubo displicencia por las autoridades de seguridad.
En una segunda comunicación, registrada el 19 de mayo de este año, Villanueva volvió a pedir a Sánchez que lo respaldara para sacar adelante la orden girada por la mandataria para frenar la escalada criminal en lo centros penales con estrategias de acción inmediata para neutralizar cualquier crisis carcelaria en el corto, mediano y largo plazo.
“Esta comisión interventora continúa exhortando la disposición, colaboración y cumplimiento de la Policía Nacional de Honduras para el desarrollo de esta misión que es trascendental para la seguridad nacional y que marca un punto de inflexión en la historia de nuestro sistema penitenciario», reza uno de los apartados.
En consecuencia, prosigue, «solicitamos interponga sus buenos oficios y agilice la planificación, coordinación y ejecución de la siguiente fase de esta operación de la cual ya se cuentan avances en el centro penitenciario de Támara, Francisco Morazán».
La salida de Ramón Sabillón de la Secretaría de Seguridad ocurrió días después que se consumara la masacre en el presidio femenino ubicado al extremo norte de la capital, que dejó más de 40 mujeres asesinadas de manera brutal.
El general en retiro, no dio una explicación convincente sobre su separación del cargo, por lo que fue sucedido por Gustavo Sánchez. Al cierre de esta investigación, ambos no han dado explicaciones del porqué decidieron hacer la vista gorda ante los reclamos documentados por Villanueva, quien posteriormente fue retirada de la junta interventora.
En su lugar fue nombrado el coronel Ramiro Muñoz de la Policía Militar como el responsable de contener la crisis carcelaria que data de varias décadas.
En declaraciones a periodistas, la subsecretaria de Seguridad Afirmó que sus dos compañeros de trabajo «conspiraron en mi contra. Si se fue Sabillón, también debió irse el director de la Policía».
“Muchos podrán decir por qué no se va Julissa Villanueva, pero puedo decir que he hecho bien mi trabajo y eso lo puede garantizar el pueblo hondureño”, dijo
Lo ocurrido en la PNFAS fue la primera prueba de fuego que debió asumir Castro en sus 20 meses de mandato, por lo que tuvo que radicalizar algunas medidas, entre ellas, la militarización del sistema penitenciario a fin de mantener bajo control a las organizaciones criminales que crearon un autogobierno.
