TEGUCIGALPA, Honduras
El nuevo fiscal general Johel Zelaya, de manera sorpresiva incomprensible, trasladó a la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) al extitular de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) a Ricardo Castro, su compañera de fórmula Kenia Reconco y al exjefe de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la corrupción Pública (Fetccop) Héctor Morales.
En tanto, Castro, quien fuera el hombre fuerte del brazo armado del Ministerio Público, será el número dos de la oficina que dirige Luis Javier Santos mientras que Reconco y Morales también tendrán funciones de combate a la corrupción.
Se daba por descontado una inminente salida de los referidos funcionarios, sin embargo, de manera sorpresiva, Zelaya optó por enviarlos a la Uferco; se alegó que, en el caso de Castro, fue asignado a ese lugar por sus antecedentes de investigación en varias tramas corruptas que compromete a exmiembros de la administración nacionalista de Juan Orlando Hernández.
A pesar de ello, respecto al flamante subjefe de la fiscalía especializada, pesa sobre él un estigma respecto a la muerte en 2018 en Santa Rosa de Copán (occidente) de la agente especial Sherill Yubissa Hernández Mancía, cuya causa fue cerrada en 2019 por el entonces fiscal general Óscar Chinchilla, en comparsa con algunos medios que minimizaron el impacto que generó el crimen de la dama que se mantiene en la impunidad.
¿Por qué el fiscal general Zelaya trasladó a un cuestionado funcionario que durante su mandato en la ATIC se perpetraron crímenes de alto impacto no sólo de Hernández, sino de dos jóvenes estudiantes (Mario Enrique Suárez y Gerson Meza), encontrados sin vida en un paraje solitario de la capital y la muerte de Óscar Daniel Rodríguez Cálix y Mario Enrique Medina, miembros de la banda criminal los Olanchanos, en una gasolinera sampedrana?
El portavoz de la agencia, Jorge Galindo, anunció el mismo año que se emprendería una investigación para determinar cómo los autores de los crímenes habían conseguido la indumentaria (camisa polo negra y pantalón marrón)… Jamás se dio un informe concluyente que indicara, al menos, eso y quiénes eran los que sacaron de sus casas a Suárez y Meza y los que ejecutaron
Ninguno de estos casos fue resuelto; respecto al asesinato de Hernández, tanto Castro como la exdirectora de Medicina Forense y actual subsecretaria de Seguridad Julissa Villanueva, se enzarzaron en agrias discusiones sobre cómo murió la joven; la alta funcionaria sigue sosteniendo que la exagente sí fue asesinada, contrario a la versión del suicidio que se impuso en la sociedad.
Por este altercado, Villanueva fue separada de la Dirección de Medicina Forense mediante una trama que contó con el aval de un mudo Chinchilla, quien se largó del país en total silencio para asumir como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia.
El periodista Héctor Silva Ávalos de Infobae indicó en una investigación que tanto el exfiscal general y el exjefe de la ATIC «y jefe de la agente Hernández Mancía cuando ella fue asesinada, se apresuraron a decir que la mujer se había suicidado. La doctora Villanueva, amparada en los informes forenses que ella realizó y supervisó, en el estudio de la escena del crimen y en los testimonios de peritos que estuvieron presentes cuando se levantó el cadáver de la agente fiscal en Santa Rosa de Copán, sostuvo siempre su versión. El 3 de julio de 2018, menos de un mes después de la muerte de Hernández Mancía, Julissa Villanueva estableció en su autopsia la causa de la muerte: ‘Homicidio’, dice en negrita».
Según Silva, «un funcionario hondureño que ocupa un puesto ministerial en el gobierno de la actual presidenta, Xiomara Castro y que conoció de cerca las entrañas de la ATIC durante los gobiernos de Hernández lo describe así: ‘La ATIC era un cuerpo de policía del fiscal general, de Juan Orlando… La formaron y la ocuparon para allanar de forma ilegal, para implantar pruebas, para matar y para asustar a sus enemigos’”.
«Un informe de la inteligencia policial hondureña, del que Infobae tiene una copia -prosigue-, da cuenta de que, desde 2014, agentes de la ATIC estuvieron involucrados en los asesinatos de tres menores de edad, estudiantes que habían participado tras la reelección ilegal del presidente Hernández en 2017, y de las muertes de otros dos jóvenes en el departamento de Olancho, uno de los más violentos del país».
Esta decisión tomada por el fiscal general podría ser un lastre para su administración interina ya que le acarrearía fuertes cuestionamientos desde aquellos que aún siguen esperando que se castigue a los autores materiales e intelectuales del crimen de Hernández Mancía.
Asimismo, esta medida podría generale fuertes roces con Villanueva, quien ya en el pasado se enfrentó a Castro y al mismísimo Chincilla al sostener la tesis del asesinato de la joven; en fecha reciente, recriminó algunas conductas de su superior Gustavo Sánchez, el actual secretario de Seguridad, por algunos procedimientos que los vio incorrectos.
