TEGUCIGALPA, Honduras
Una comisión legislativa entregó al Ministerio Público un informe de diez casos que presuntamente la administración pasada omitieron investigarlos y tampoco presentaron requerimientos fiscales.
Los casos abordados en el informe son; la aprobación de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes), reelección ilegal del exmandatario Juan Orlando Hernández, casos de corrupción investigados por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Además, también fue incluida la muerte violenta de la agente de Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sherill Hernández, la cual la Dirección de Medicina Forense la declaró como homicidios, pero la fiscalía la descartó y cerró administrativamente el caso.
Asimismo, forman parte del informe, las muertes en la crisis poselectoral de 2017, malversación de fondos del Patronato Nacional de la Infancia (Pani), compra a Israel de unidades usadas para el Cuerpo de Bomberos y el expediente denominado Robo Parlamentario.
🏛️📃 | Comisión Especial del Congreso Nacional que investiga la gestión de los ex Titulares del Ministerio Público, al pueblo hondureño en general comunica lo siguiente: pic.twitter.com/YH7PFzp2Dd
— Congreso Nacional de Honduras (@Congreso_HND) November 13, 2023
“Se debe proceder a continuar con las investigaciones, se han presentado números de expedientes, casos y todos los datos para darle seguimiento. Estas denuncias no son de ahora, sino de varios años y toda la investigación está en el Ministerio Público, sin embargo no se actuó por la exautoridades”, señaló la diputada oficialista Silvia Ayala.
Para la comisión es necesario que se deduzca responsabilidad al exfiscal general Oscar Chinchilla y el exfiscal adjunto Daniel Sibrián por no actuar con base al derecho en estos casos.
Cabe destacar que en caso de la relección presidencial del extraditado Juan Orlando Hernández, es mencionado el jefe de bancada del Partido Nacional Tomás Zambrano, ya que fue uno de los que se apersonaron al Poder Judicial para solicitar que se declare inconstitucional el artículo 239 constitucional.
En ese sentido, Zambrano se pronunció y calificó la acción como persecución política.
“No me van a amedrentar, pese a este tipo de amenazas trasnochadas por parte del gobierno de la familia Zelaya de proceder en mi contra, solo por acudir junto con otros 16 diputados ante la Corte Suprema de Justicia para ejercer el derecho de petición que tiene todo ciudadano, la persecución ya comenzó, contra la oposición política”, arguyó.
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