Los hondureños amanecimos hoy con varios sobresaltos: el presidente del Partido Nacional David Chávez era bajado de un avión luego que denunciara supuesta persecución política ordenada por la presidenta Xiomara Castro y horas después la justicia emitía una orden de captura en su contra por la presunta comisión de delitos.
Desde El Pulso dejaremos las cosas claras: no somos jueces, mucho menos, tribunales de justicia. Somos respetuosos del derecho constitucional de la presunción de inocencia de cada hondureño y hondureña. Toda persona es inocente hasta que sea vencida en juicio.
En consecuencia, el señor Chávez Madison deberá demostrar ante la autoridad judicial que los señalamientos en su contra no son cierto con evidencias que lo desvinculen de sus actos reñidos con la ley.
Se alega desde la principal fuerza opositora que este gobierno inició «una persecución política» y que con esos actos «nos vamos a parecer a Cuba, Nicaragua y Venezuela» mientras que en el oficialismo se alega que se trata de la aplicación correcta de la ley.
El hecho de desempolvar muchos requerimientos fiscales que estaban engavetados en el escritorio del entonces fiscal general Óscar Chinchila a manos de su sucesor Johel Zelaya, nos hace pensar que los mismos fueron archivados a propósito y tampoco es cierto que una causa penal sea armada en cuestión de horas, peor aún, cuando algunos entes -en este caso, el Consejo Nacional Anticorrupción- presentaron evidencias sobre presuntos actos de corrupción de la administración anterior, por lo que cabe preguntarse: ¿a quiénes benefició Chinchilla haciendo la vista gorda ante la descarada corruptela de exfuncionarios de los gobiernos anteriores? Solo él y nadie más que él tiene las respuestas.
Este hecho también genera secuelas en el conservador Bloque de Oposición Ciudadana, más conocido como BOC, cuyos líderes como José Luis Moncada, ya se desmarcaron del señalamiento al tiempo que aclararon que Chávez debe responder a los señalamientos formulados desde la fiscalía.
El BOC, que surgió como una reacción al gobierno y su Ley de Justicia Tributaria, sufre un golpe bajo, en particular, luego que el presidente del Partido Nacional dijera que ellos crearon ese movimiento y que el 80 por ciento son cachurecos, ¿qué medidas de control de daños tomará su dirigencia para no verse salpicados en esa alianza que hicieron con la principal fuerza opositora.
Otros afectados por la persecución penal contra Chávez, es el mismísimo designado presidencial y líder anticorrupción Salvador Nasralla, quien se alió a ese bando en venganza al supuesto ninguneo aplicado por la mandataria, por lo que se ha convertido en la piedra de tropiezo del Ejecutivo actual. ¿Saldrá desgastado de eso? Solo el tiempo y las circunstancias nos darán esa respuesta.
El BOC nació con un mal congénito y todo apunta a que morirá sin apenas haber hecho temblar los cimientos del gobierno de la presidenta Castro y pasará a la historia sin pena ni gloria como ocurrió con la desaparecida Unión Cívica Democrática, fuerza civil que fue vital para consumar y defender el golpe de Estado de 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya.
Poco creemos que las élites apuesten por ese bloque opositor que tiene en sus filas a sujetos que tienen cuentas pendientes con la ley.
Lo ocurrido con David Chávez debe dejar valiosas lecciones, tanto para oficialistas como para opositores, sobre todo, que deben obrar bien en la función pública y que nadie está por encima de la ley y que cuando sean perseguidos, puedan demostrar con pruebas que obraron dentro del marco legal establecido.
Sin embargo, esto sienta un precedente que debe ponernos a reflexionar sobre a quiénes elegimos para que nos representen, en el marco de la democracia liberal, de dónde provienen y cuáles son sus intereses.
