BUENOS AIRES, Argentina
Luego de tres días de sesiones, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó este viernes, en lo general, la ‘ley ómnibus’ propuesta por el presidente Javier Milei y que, en su versión original, pretendía modificar por completo el funcionamiento del país en términos políticos, económicos y sociales, pero que, gracias a la presión social y política, fue recortada drásticamente.
La normativa se aprobó con 144 votos a favor, 109 en contra y cero abstenciones. Una vez hecha la votación, se estableció un cuarto intermedio y se levantó la sesión, que se reanudará el próximo martes.
Los votos a favor fueron del oficialista La Libertad Avanza (LLA), que contó con el apoyo de Propuesta Republicana (PRO) del expresidente Mauricio Macri, la Unión Cívica Radical (UCR) y la mayoría de los integrantes de Hacemos Coalición Federal. Mientras que se pronunciaron en contra los diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y algunos legisladores de fuerzas provinciales, reseñó La Nación.
La discusión continuará con el análisis de cientos de artículos en lo particular, por lo que se prevén otras jornadas maratónicas. Luego pasará para al Senado, en donde culminará su tratamiento parlamentario.
Poco antes de la votación, el presidente volvió a presionar a los diputados a través de un comunicado en el que les exigió «responsabilidad» y «celeridad» y les advirtió que la sociedad verá si están del lado del pueblo o de los privilegios.
«Durante meses nos acusaron de antidemocraticos porque expusimos a una casta política que solo vela por sus propios intereses. Tienen hoy la oportunidad de demostrar de qué lado de la historia quieren estar», afirmó el mandatario.
En su comunicado, insistió en que se tomaron las sugerencias sobre la normativa, «se hicieron las modificaciones, se eliminó el capítulo fiscal» para llegar a un proyecto de consenso.
En cuanto se conoció el post, el diputado Maximiliano Ferraro le exigió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que interviniera ante «la furia tuitera» de Milei para defender la independencia de poderes, pero Miguel Ángel Pichetto le respondió que «un tuit no se le niega a nadie».
El proceso parlamentario de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que por su amplitud fue rebautizada como ‘ley ómnibus’, se llevó a cabo en un clima de extrema tensión.
Además, la discusión parlamentaria estuvo marcada por las represiones policiales contra los manifestantes que, durante dos noches seguidas, se apostaron en las afueras del Congreso para exigirles a los diputados que rechazaran el proyecto.
El saldo de los operativos es de decenas de personas gaseadas o heridas con balas de goma, entre ellas periodistas de diversos medios de comunicación, por lo que diputados de la oposición responsabilizaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de haber puesto en marcha un operativo violento y desproporcionado.
A lo largo de estos días, el Gobierno enfrentó una dura negociación para lograr que la oposición «dialoguista» aprobara una ley que, cuando comenzó a discutirse en el recinto, ya había sido recortada de 664 a 386 artículos.
Aún así, todavía había resistencias de los legisladores en múltiples apartados, por lo que el jueves por la tarde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, arribó al Congreso para encabezar ella misma las negociaciones de último minuto.
Para desatorar la discusión, el Gobierno tuvo que ceder a nuevos cambios en las últimas horas. Por ejemplo, redujo de 36 a 27 el número de empresas a privatizar.
Uno de los artículos más controvertidos de la ley proponía la «delegación de facultades legislativas» en favor de Milei hasta el 31 de diciembre de 2024, con posibilidad de prorrogarlo un año más, lo que le permitiría al presidente emitir las leyes a su gusto sin necesidad de pasar por el Congreso.
Como parte de la negociación, el Gobierno sacó de esa lista las materias previsional (pensiones y jubilaciones), defensa, sanitaria y social, lo que implica que no podría emitir leyes por decreto en esas áreas, pero sí en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa.
También, como dijo Milei, se eliminó el capítulo fiscal, por la presión de gobernadores y de la «oposición amigable», que incluía, entre otros aspectos, el blanqueo de capitales (regularizar hasta 100.000 dólares en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos), el cambio de la fórmula jubilatoria, una moratoria impositiva, un adelanto del impuesto sobre los bienes personales y el incremento de los derechos de exportación.
Sin embargo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó el jueves que el Gobierno intentará tratar en la Cámara de Diputados el paquete fiscal una vez que termine el trámite del controvertido proyecto legislativo.
Antes de la votación de este viernes, el diputado de LLA por la provincia de Córdoba, Gabriel Bornoroni, leyó los artículos que fueron suprimidos: 13, 31, 71, 72, 81 a 167, 169 a 175, 182, 194, 195, 211 a 220, 292, 301, 303, 305, 308, 311, 312, 328, 330, 331, 333, 334, 335, 338, 339, 340, 341, 342, 460 a 487, 512, 513 y 520.
El debate, se dividió en tres grandes bloques. Por un lado, el oficialismo de LLA y su aliado incondicional, el PRO, que estaban dispuestos a aprobar la ‘ley ómnibus’ en lo general y en lo particular sin mayores cambios.
En la vereda opuesta, las bancadas de Unión por la Patria (peronismo-kirchnerismo) y el Frente de Izquierda advirtieron desde el principio que votarían en contra de la ley. Y por último, la oposición «dialoguista», conformada por bancadas de diferentes signos políticos que presionaron los cambios que finalmente el Gobierno aceptó.
En el Parlamento hubo críticas porque el ministro de Economía, Luis Caputo, no se hizo presente.
El debate parlamentario estuvo rodeado de escándalos, ya fuera por los permanentes insultos que el presidente lanzó tanto a diputados opositores como aliados (quienes, a pesar de ello, le votaron la ley), o las múltiples irregularidades legislativas.
En ese sentido, la oposición «no dialoguista» insistió en el hecho inédito e ilegal de que se estuviera debatiendo un dictamen que ni siquiera se conocía, ya que ningún diputado tenía la versión final de la ley que siguió siendo modificada hasta último momento por funcionarios y legisladores de manera paralela a la sesión.
Los discursos de las y los diputados, además, estuvieron plagados de gritos, abucheos, insultos y denuncias entre unos y otros.
En estos días, se llamaron «cobardes», «violadores de derechos humanos», «hipócritas», «terroristas», y «violentos» que no tenían «vergüenza»; se acusaron de tener vínculos con el narcotráfico; al Gobierno lo tildaron de «berreta, poco serio, improvisado»; y al presidente, de mesiánico. Una diputada mileísta incluso sorprendió al lanzar un «¡Viva Cristo!».
La tensión fue permanente. El primer día, se azuzó debido a la presencia de dos polémicos personajes que entraron a la sesión gracias a la invitación de diputados oficialistas, pero que terminaron siendo desalojados por los guardias parlamentarios.
Se trata del empresario Tomás Agote, quien insultó a diputadas y diputados opositores desde el balcón en el que presenciaba el debate; y Leonardo Sosa, miembro de la organización ultraderechista Revolución Federal, que fue investigado y procesado por el atentado que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sufrió en 2022.
Mientras la ley se debatía en el Congreso, el presidente generó incesantes polémicas, ya que mantuvo su frenética actividad en redes sociales y reposteó y avaló cientos de mensajes, presumió contactos con el fundador de Tinder que derivaron en oleadas de memes. Pero, sobre todo, insultó y se burló insistentemente de la oposición.
Al final, logró que le votaran a favor una ley que, entre tantos recortes, en lugar de ‘ómnibus’ ya comenzó a ser llamada ‘combi’. (Con información de RT).
