BRASILIA, Brasil
La Policía Federal de Brasil lanzó este jueves una operación contra el expresidente Jair Bolsonaro y varios de sus exministros, asesores y militares supuestamente involucrados en los ataques del 8 de enero de 2023 a las sedes de los tres poderes en Brasilia que buscaban derrocar al recién asumido presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
El juez de Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizó la operación. Los agentes fueron a la casa de Bolsonaro en Angra dos Reis, en el estado de Río de Janeiro, y le ordenaron que entregase su pasaporte. Como el documento no estaba en la vivienda, la Policía le dio 24 horas para entregarlo. El ultraderechista, a quien también se le prohibió establecer contacto con el resto de investigados, ya entregó el pasaporte.
«En cumplimiento de las decisiones de hoy, el presidente Jair Bolsonaro entregará el pasaporte a las autoridades competentes», informó Fabio Wajngarten, abogado y asesor de Bolsonaro, que ya fue inhabilitado por abuso de poder.
De Moraes también prohibió a Bolsonaro establecer contacto con los investigados en la operación.
Entre los objetivos, según el sitio de noticias G1, figuraron el exministro del Gabinete de Seguridad, el general Augusto Heleno; el extitular de Justicia, Anderson Torres; el general Braga Netto, exministro de Defensa y candidato a vicepresidente en las elecciones de 2022, y Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), formación con la que Bolsonaro se presentó a las elecciones y que ha utilizado para financiar narrativas que respaldaban ataques a las urnas.
Neto fue detenido inesperadamente en el operativo por posesión ilegal de armas.
La Policía, según su informe del que se hace eco la prensa, obtuvo un video de una reunión secreta entre Bolsonaro y varios de sus ministros.
«La descripción de la reunión del 5 de julio de 2022 revela claramente la disposición de la dinámica golpista, en el ámbito de la más alta dirección del gobierno», apunta la Policía.
En su intervención, Bolsonaro reconoció que estaba preocupado que Lula iba a ganar las elecciones de octubre y, según la PF, les pidió a sus colaboradores que difundieran noticias falsas para intentar revertir la superioridad del izquierdista en los sondeos.
Otro de los asistentes y ahora investigado, el general Heleno, fue más directo.
«Creo que hay que hacer cosas antes de las elecciones. Llegará un punto en el que ya no podremos hablar. Tendremos que actuar. Actuar contra determinadas instituciones y contra determinadas personas. Eso para mí está muy claro», dijo Heleno, según recoge el informe de la Policía del que se hace eco la prensa.
En total, la Policía cumplió 33 órdenes de búsqueda y aprehensión y cuatro órdenes de prisión preventiva en nueve estados. También impusieron medidas cautelares, como la prohibición de contactos entre los investigados, la retención de pasaportes y destitución de cargos públicos.
Los cuatro detenidos por orden del juez fueron Filipe Martins, exasesor especial de Bolsonaro; los coroneles del Ejército Marcelo Câmara y Bernardo Correa y el mayor Rafael Martins de Oliveira.
Según la Policía, el grupo investigado se dividió en dos «ejes» para intentar socavar el resultado de las elecciones de 2022. El primero construía y difundía informaciones falsas sobre supuestos fraudes en las urnas y hacía hincapié en la «falsa vulnerabilidad del sistema de voto electrónico».
Mientras que el segundo llevó a cabo acciones de cara a los ataques del 8 de enero, y contó con el apoyo de militares.
«Es muy difícil para un presidente de la República pronunciarse sobre un operativo de la Policía Federal que se desarrolla en secreto. Espero que no se produzcan excesos y se aplique el rigor de la ley. Sabemos de los ataques a la democracia. Necesitamos saber quién financió los campamentos. Esperemos las investigaciones», escribió Lula en las redes sociales.
Después, en una entrevista con radio Itatiaia, el presidente izquierdista comentó: «El ciudadano [Bolsonaro] que estaba en el gobierno no estaba preparado para ganar, no estaba preparado para perder, no estaba preparado para irse (…) Debe haber participado en la construcción de este intento de golpe. No creo que hubiera sucedido sin él».
Las investigación intenta dilucidar la relación de todas estas personas con los ataques del 8 de enero por hordas de bolsonaristas una semana después de que Lula llegase al poder y que hicieron tambalear los 38 años pasados desde la redemocratización del país.
Según la prensa, la Policía descubrió también un borrador para detener a los jueces de la Suprema Corte, Gilmar Mendes y Alexandre de Moraes, así como al presidente del Senado, Rodrigo Pacheco. Las investigaciones indican que Bolsonaro pidió que se eliminaran del texto los nombres de Pacheco y Gilmar, pero que se mantuviera el de De Moraes, quien fue minuciosamente vigilado. (Con información de RT).
