TEGUCIGALPA, Honduras
Tras su arresto en febrero de 2022 y varios aplazamientos de su juicio, el controvertido expresidente nacionalista Juan Orlando Hernández Alvarado, afronta este martes una histórica jornada de debates ante el juez federal Kevin Castel, a quien le deberá demostrar que no tiene vínculos con el narcotráfico, a pesar de las abrumadoras pruebas en su contra que podrían dejarlo en prisión de por vida.
Y es que la fiscalía que dirige el implacable Daniel Williams, lo acusa de haber introducido a EE.UU. al menos unas 500 toneladas de cocaína, haber recibido multimillonarios sobornos de narcos con los que habría financiado la campaña presidencial entre otros delitos por los que fue extraditado.
Según el ente acusador, Hernández, desde 2004, tendría nexos con la delincuencia organizada y al llegar al gobierno, se vio implicado en acusaciones de corrupción entre miembros entre los cuales estuvo involucrado su círculo mas cercano entre ellos su hermana Hilda y su hermano Tony.
Una y otra vez, JOH negó los señalamientos en su contra; envió una carta a sus leales en la que reiteró que es inocente e indicó que altos funcionarios estadounidenses conocen su lucha.
En tanto, su esposa, Ana García, indicó que “su esposo es víctima de acusaciones falsas y también de una venganza por parte del crimen organizado, debido a su lucha contra el narcotráfico en el país”.
En la misiva el exmandatario proclamó su inocencia, e hizo «un llamado al pueblo de Honduras», en la que reiteró a la nación, y al mundo entero de que “soy inocente, soy víctima de una venganza y una conspiración por parte de los grupos del crimen organizado y enemigos políticos”.
Hernández aseguró que durante su gestión tanto en el Congreso Nacional como en la presidencia, trabajó en conjunto con altos funcionarios de EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y la violencia en Honduras.
Hernández señaló que “estas acusaciones son falsas e injustas llenas de mentiras construidas de manera novelesca en base al testimonio de testigos colaboradores todos narcotraficantes confesos con acuerdo de negociación con la fiscalía”.
“Estos testigos son capaces de decir cualquier mentira con tal de lograr su venganza contra mí y la reducción de sus penas, no pagar por sus crímenes contra cientos de hondureños y tener nuevas identidades para sus familias”, afirmó.
DE LEMPIRA A LA PRISIÓN. Hernández creció en la aldea Río Grande se ubica a 8 kilómetros del centro de Gracias, en el occidental departamento de Lempira, siendo el número 15 de 17 hermanos.
Sus maestros lo recuerdan en la escuela como alguien travieso e inteligente, sus amigos resumen con diez su competitividad, aguerrido imponente y sin temor.
Dentro de las esferas de sus estudios académicos Hernández cursó su educación primaria y comenzó la secundaria en su ciudad natal trasladándose y culminando los mismos en el Instituto Liceo Militar del Norte en 1985.
Posteriormente, se matriculó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, para cursar la carrera de Derecho, durante su formación Juan Orlando Hernández comenzó a involucrarse dentro de la esfera política alcanzando la presidencia, como cuadro del ultraderechista FUUD, de la Asociación de Estudios de Derecho puesto que ejerció un año.
Asimismo, mientras cursaba sus estudios dentro de la UNAH se desempeñó como escribiente primero y tercero del Juzgado de Letras de lo Civil en Francisco Morazán. En 1987 una vez que culminó sus estudios universitarios como abogado y notario en mayo de 1990 fungió como monitor de la Cátedra de Derecho Procesal Civil 1 en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNAH.
Hernández llegó a la universidad y de inmediato conoce a la tataranieta de Tiburcio Carias Andino, Ana García Carias, luego de un año de noviazgo le pidió matrimonio y se casan un 3 de febrero 1990, ellos sellaban su amor en el altar ante sus familiares e invitados especiales. Sin embargo, Hernández antes de casarse ya había tenido su primera hija llamada Ivon Hernández y en el matrimonio de Ana, nace Isabella, Daniela y Juan Orlando Hernández.
En 1993 fue nombrado coordinador departamental del Partido Nacional, después de su graduación entró a la primera Secretaría del Congreso como asistente de su hermano Marcos Augusto, quien se desempeñaba como diputado y luego de cursar estudios de Administración Pública en la universidad estatal de Nueva York se presentó como candidato a diputado por el departamento de Lempira, al que representó durante cuatro períodos legislativos desde 1998.
En ese entonces el presidente del poder legislativo era el fallecido Rafael Pineda Ponce quién lo catalogó de ser un cipote malcriado por las posturas impositivas que mostraba, para el período de 2002 a 2006 logró ser electo en el cargo como congresista siendo primer secretario de la junta directiva del Congreso Nacional siendo pieza clave de Porfirio Lobo Sosa quién fungió como presidente del poder Legislativo.
En el año 2005 Hernández fue ungido como jefe de bancada del nacionalista en contra de la voluntad de los diputados Óscar Nájera y Rodolfo Irías Navas quiénes también querían obtener la jefatura del partido, pero fue Porfirio lobo junto con los diputados nacionalistas le dieron el tiro de gracia en una elección interna a puerta cerrada donde mediante votos Hernández fue elegido para obtener este cargo sin pensar que sería presidente y en su gobierno se libraría una investigación por parte del Ministerio Público a raíz de una denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción en el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Hernández junto con Arturo Corrales en ese entonces era el canciller y el presidente Lobo viajaron hacia EE.UU. para aceptar que la extradición fuera incorporada en la actual Constitución.
En 2010 obtiene la presidencia del Congreso Nacional, lo que consolidó su ascenso dentro del partido del gobierno, pero a medida fue creciendo su poder se vio asediado por crecientes acusaciones de corrupción.
Durante su mandato como jefe del congreso creó el fondo de desarrollo departamental controlado por el Congreso en donde se apropió indebidamente de unos 360 millones de dólares que fueron usados para llenar las arcas del partido y financiar campañas políticas, según denuncias.
Este fondo departamental era administrado por Hilda Hernández quién se convirtió en la todopoderosa mano derecha de su hermano, que la convirtió en una mujer muy temida por sus opositores y críticos al régimen.
Este escándalo no frenó el ascenso de Hernández y fue elegido presidente por primera vez en 2013, mientras las investigaciones de la comisión anticorrupción del país revelaron más tarde que ese malversó millones de dólares los cuales fueron canalizados para su primera campaña.
Durante su mandato aprobó una serie de medidas controvertidas tales como la Ley Temporal de Seguridad Poblacional o Tasa de Seguridad, la Ley de Inversiones para Atracción de Capitales y la ley para la creación de Zonas Especiales de Desarrollo conocidas como ciudades modelo, también se enfocó en el tema de seguridad ciudadana con medidas como la Reactivación del Consejo Nacional de Seguridad Interior y la creación de la oficina de Asuntos Internos de la Policía.
CREÓ LEYES QUE LO TERMINARON PERSIGUIENDO. Antes de dejar el Congreso para dedicarse a su campaña presidencial Hernández introdujo un proyecto de ley para la creación de la Unidad Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad, más conocidos como Tigres, que fue desarticulado.
Sin embargo, el paquete de reformas y la que hoy tendría tras las rejas a Hernández fue la modificación del artículo 102 que impedía la extradición de hondureños a otros países.
Esto sucedió un 19 de enero 2010 en el Congreso Nacional donde se llevó a cabo la reunión a puertas cerradas en ese tiempo Juan Orlando Hernández había viajado a EE.UU. y quien presidía la reunión era la vicepresidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez, quién junto con los demás miembros diputados del decidieron sacar periodistas de la sesión legislativa para aprobar esta reforma sin exponer a los diputados que habían estado de acuerdo con la modificación de este artículo.
Durante un viaje realizado Hernández, Arturo Corrales y el presidente de ese entonces Porfirio Lobo Sosa llegaron a Miami y se reunieron con las autoridades del Comando Sur, donde Hernández propuso a EE.UU. crear la ley de extradición.
En las elecciones generales de noviembre de 2013 en las que hubo una participación récord del 61 por ciento Hernández ganó la presidencia del país con un millón 149 mil 302 votos.
Hernández, con 45 años, se convertía en el presidente hondureño más joven en asumir el cargo del siglo XXI, además de ser la primera ocasión en la que el partido Nacional ganara de manera consecutiva desde el inicio de la era de la democracia del país.
Sin embargo, el poder socavó los principios y valores de la democracia e impidió el ejercicio pleno de los derechos humanos, la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y la separación de poderes. Sus mandatos generaron un clima de miedo desconfianza impunidad y desesperanza que erosionó la legitimidad de las autoridades y las instituciones que estaban a su servicio.
El clan de Hernández debilitó el Estado de derecho lo que implicó la violación sistemática de los derechos humanos la falta de transparencia y rendición de cuentas la ausencia de separación e independencia de poderes y la vulnerabilidad frente a las amenazas externas e internas.
El día que fue juramentado como presidente, en un discurso inaugural prometió que depuraría las instituciones públicas, elevaría el número de elementos de seguridad y aplicaría la cero tolerancia también bajo el lema una Vida Mejor reiteró su promesa de ayudar a las familias más pobres, de apoyar a los pequeños productores y de generar empleo.
Sin embargo, el primer escándalo que sacudió al gobierno fue la revelación del uso del dinero proveniente del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); Hernández admitió este hecho y alegó desconocimiento sobre la fuente ilegal de dichas donaciones, las cuales posteriormente fueron supuestamente devueltas.
Este escándalo provocó que decenas de miles de hondureños protestarán cada viernes en las principales ciudades del país, portando antorchas y pidiendo la renuncia del presidente bajo la consigna fuera JOH con las llamadas marchas de las antorchas convocadas por el grupo de los indignados se extendieron desde mayo hasta agosto de 2015 exigiendo la conformación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras similar a la CICIG conformada en Guatemala.
Tras un diálogo nacional iniciado por Hernández con la asistencia de un equipo de facilitadores de la Organización de Estados Americanos, se concibió la idea de una misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, la cual fue finalmente instalada en abril de 2016.
En su primer período presidencial se extraditó a 14 hondureños a EE.UU. por delitos de lavado de activos y tráfico de drogas, lo cual representó un importante golpe para los narcotraficantes que operaban en Honduras; el primer extraditado fue Carlos Arnaldo Lobo, antiguo operador del cártel de Sinaloa de México, quien ayudó supuestamente a desvelar un plan de magnicidio contra JOH.
La constitución de Honduras de 1982, tras un periodo de gobiernos militares, se dejó claro que no habría reelección y quienes hablaran de ellas, según el apartado 239 constitucional, será sancionado. No obstante, Hernández, aprovechando un férreo control institucional, echó mano de sus cuadros para proponer en 2015 se dejara sin valor y efecto la normativa.
Desde luego, no tendría problemas para presentarse al segundo mandato, luego que los magistrados fueran nombrados por él la noche del 12 de diciembre de 2012.
El 22 de abril de 2015, un grupo de diputados nacionalistas llegaron a la Sala Constitucional del Poder Judicial para pedir que se hablara de la reelección; esa instancia de la Corte Suprema de Justicia falló de manera unánime a favor del recurso de inaplicabilidad en el artículo 239 interpuesto por el expresidente nacionalista Rafael Leonardo Callejas.
La decisión respondió además al recurso de inconstitucionalidad interpuesto anteriormente por 15 diputados nacionalistas y uno de la Unificación Democrática contra el segundo párrafo del artículo 239 del numeral 5 del artículo 42 y el artículo 330 del código penal gracias a esto tanto Callejas como Hernández, podían participar en las elecciones internas de 2016.
Ganó un segundo mandato en 2017, sin embargo, su reelección se vio empañada por controversias incluyendo la anulación por parte de la Corte Suprema de Justicia del país, del límite de un solo mandato para los presidentes, con el fin de permitirle nuevamente postularle, así como acusaciones de fraude electoral.
MUERTE DE HILDA. Durante su segundo mandato Hernández solo contaba con un 27 por ciento de su aprobación e inició su segundo período sin su mano derecha su hermana Hilda Hernández quien falleció el 16 diciembre de 2017 a los 51 años en un accidente aéreo, la aeronave en la que viajaba junto a cinco personas.
Partió del aeropuerto de Toncontín en Tegucigalpa y fue reportada como desaparecida, después se confirmó que la misma se estrelló en la Reserva Biológica Hierbabuena.
Al mismo tiempo varios traficantes comenzaron a dar testimonios que apuntaban al presunto papel de Hernández en lo que parecía ser un narcoestado.
