TEGUCIGALPA, Honduras
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), reconoció que la Ley de Justicia Tributaria como una herramienta clave para un sistema tributario más progresivo que garantice a la población acceso a sus derechos.
El Alto Comisionado, Volker Turk, informó el viernes anterior al Consejo de Derechos Humanos sobre el trabajo de su oficina en Honduras; en esta presentación se destacó el continuo compromiso del organismo con la observación in situ y la provisión de asistencia técnica para la promoción y protección de los derechos fundamentales.
El informe resaltó la continuidad en las prioridades temáticas, enfocadas en fortalecer el Estado de derecho, facilitar acceso a la justicia, promover la participación ciudadana, garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, así como la protección de un medio ambiente limpio saludable y sostenible.
En el mismo fueron destacados los avances realizados por el gobierno para elaborar y ejecutar políticas que promueven el desarrollo equitativo y sostenible en las que los derechos humanos y la protección del medio ambiente tienen un rol central.
Además, se resaltó el esfuerzo que hace el gobierno por proponer modificaciones al marco legal con la finalidad de establecer un Sistema Tributario progresivo y que promueva una distribución más justa de los recursos.
El informe también señaló una reducción significativa en los índices de pobreza y desigualdad, en donde los niveles de pobreza se redujeron de 73.6 por ciento en 2021 a 64.1 por ciento en 2023, mientras que el coeficiente de Gini pasó de 0,61 en 2021 a 0,51 en 2023.
En cuanto a materia económica, a pesar de los desafíos la economía hondureña exhibió resiliencia, registrando un crecimiento del 3.4 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB), durante 2023.
No obstante, se reconoce que la deuda de Honduras es un desafío para las finanzas públicas representando aproximadamente el 47.1 por ciento del PIB en 2023.
Durante los dos años de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, dijo la ACNUDH, el adecuado manejo de la deuda logró reducirla en más de cinco puntos porcentuales a pesar de la pesada herencia, ya que en 2022 está representa un 53 por ciento del PIB.
Se subrayó que la deuda externa es uno de los factores que impide al Estado disponer de un porcentaje más alto del presupuesto destinado a las políticas para disminuir la desigualdad, así como para lograr la plena a efectividad y disfrute de los derechos humanos.
Los resultados del reporte exponen el compromiso del gobierno de la presidenta Castro durante su gestión para impulsar una agenda económica y fiscal proactiva dirigida a revertir los efectos de los últimos 12 años en la administración pública.
En primer lugar, con respecto a las finanzas públicas se ha implementado los pasos necesarios para lograr un manejo adecuado de la deuda pública heredada como resultado del narco dictadura, cumpliendo con los pagos del servicio de deuda en tiempo y forma.
En segundo lugar, como el gobierno ha impulsado un amplio rango de políticas para reactivar la inversión pública en materia productiva y social, de esta manera se ha invertido en pavimentación de carreteras y caminos municipales, reparación de escuelas, matrícula gratis, bono tecnológico productivo, así como agua y saneamiento.
En tercer lugar, el gobierno de Honduras ha impulsado una reforma en materia tributaria con el fin de obtener los recursos necesarios para impulsar sus iniciativas de inversión productiva y gasto social.
Dentro de ese marco económico la Ley de Justicia Tributaria contempla medidas orientadas al control de los regímenes fiscales abusivos y abordar la evasión y elusión fiscal.
El sistema tributario, según expertos, es profundamente desigual y regresivo, siendo su principal resultado que para 2022, se estimó un gasto tributario de 51 mil 500 millones de lempiras, el cual representó un 6.6 por ciento con respecto al PIB, una de las cifras más altas de la región latinoamericana.
Esta ley se ha socializado en muchos eventos públicos con actores asociados a agrupaciones como estudiantes, gremios profesionales, academia, Congreso Nacional, cámara de comercio, organizaciones no gubernamentales, y población en general.
La Ley de Justicia Tributaria busca revertir la tendencia regresiva del sistema fiscal hondureño coma el cual castiga con más impuestos a la población más pobre y desfavorecida.
En conclusión, el informe sobre los derechos humanos elaborado por la oficina de la ACNUDH, identifica algunos desafíos para el país, sin embargo, reconoce los esfuerzos económicos y fiscales realizados por el gobierno de la mandataria Castro.
