SAN SALVADOR, El Salvador
Este 27 de marzo se cumplen dos años desde que El Salvador impuso un régimen de excepción que le permitió capturar a cualquier miembro de pandilla o presunto colaborador de pandilla sin una orden judicial.
Varias comunidades en El Salvador que por años sufrieron el flagelo ocasionado por las maras ahora experimentan seguridad. No obstante, detrás de la medida hay más de 3.000 denuncias por detenciones arbitrarias, torturas, abusos y violaciones a los derechos humanos.
Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ha ofrecido exportar su modelo de seguridad en Haití, un país caribeño sumido en la pobreza y con una profunda crisis de inseguridad ocasionada por las pandillas.
“Todos los ‘expertos’ dijeron que esos grupos no podían ser derrotados porque eran una ‘parte intrínseca de nuestra sociedad’. Ellos estaban equivocados. Los aniquilamos. Lo mismo debe hacerse en Haití”, dijo Bukele el 10 de marzo cuando se ofreció en su cuenta de X a darle solución al problema haitiano.
“Necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y todos los gastos de la misión que cubrir”, agregó.
Pero, ¿podría el mandatario salvadoreño darle solución al conflicto que vive Haití? ¿Qué similitudes tiene ese país con El Salvador?
Para Marvin Reyes, líder de un movimiento de policías organizados en El Salvador no se puede aplicar la estrategia salvadoreña en Haití porque las condiciones políticas y sociales no son las mismas ni las pandillas comparten las mismas características.
“Varios miembros de las bandas haitianas fueron policías y miembros de las fuerzas armadas. Es gente que conoce muy bien de armas y de estrategias. No solo saben de armas sino de armas de grueso calibre y de abundante munición. En una intervención extrajera sabrían cómo organizarse porque conocen bien el territorio y a su gente”, dijo Reyes en una entrevista con la Voz de América.
En cambio, las pandillas salvadoreñas surgieron como grupos juveniles rebeldes que buscaron escapar de la guerra civil salvadoreña en la década de 1980. Se asentaron en Estados Unidos como migrantes y formaron bandas con las que iniciaron sus operaciones delictivas.
Al ser deportados de Estados Unidos miles de esos jóvenes se establecieron en los barrios más pobres de El Salvador donde reclutaron a otros jóvenes y los entrenaron para asesinar, secuestrar y extorsionar.
Lo que se creyó que era imposible, el gobierno de Bukele lo volvió un hecho en 2022. Las maras fueron desarticuladas luego que el gobierno encarcelara a unas 75.000 personas acusadas de agruparse ilícitamente. Reyes no cree que la fuerza policial a la que perteneció logre lo mismo en Haití.
“Un contingente de fuerzas militares y policiales extranjeras no conoce el terreno, no conoce el tipo de sociedad en la que se mueven estos grupos y no conoce la capacidad de su armamento: cuántas armas tienen, cuántos explosivos o si tienen otro tipo de material bélico como lanzagranadas o lanzamisiles. Es un escenario sumamente desconocido y complicado”, agregó Reyes.
Cuando el régimen de excepción comenzó en marzo de 2022 en El Salvador, la policía y el Ejército desplegaron su fuerza operativa en los barrios donde se encontraban cabecillas de pandillas y pandilleros de rango inferior que no lograron organizarse ni responder a la afrenta.
El gobierno salvadoreño ya contaba con una base de datos que incluía los nombres y las direcciones de varios pandilleros. También conocía el rol que ejercían dentro de la pandilla.
país
Otro aspecto que expone Reyes es que en Haití no hay gobierno. Recientemente el primer ministro Ariel Henry renunció ante la agitación política que vive la isla. En cambio, Bukele alineó los tres poderes del Estado para echar a andar el régimen de excepción, que constitucionalmente se contempla para 30 días, pero que ya se extendió a dos años.
Haití ha vivido agudas crisis políticas desde su nacimiento como nación en 1804. Las manchas de corrupción y violencia lo han sumido en una profunda inestabilidad política. Sumado a ello las crisis de salud y medioambientales lo volvieron el país el más pobre de las Américas, según el Banco Mundial.
Haití lucha contra bandas armadas lideradas por Jimmy Cherizier, alias «Barbecue», un expolicía haitiano señalado por la ONU y Estados Unidos como responsable de numerosas atrocidades, incluyendo masacres.
Se estima que al menos 200 grupos de pandillas operan en Haití, principalmente en la capital Puerto Príncipe. Además de redes de narcotráfico y tráfico de armas.
En 2021, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado. En 2022, el país solicitó una misión internacional para ayudar a la policía en su lucha contra las pandillas. En 2023 se dispararon los homicidios en 119 % respecto al año anterior, y a inicios de 2024 la crisis se agudiza.
Para la especialista en violencia y seguridad ciudadana en América Latina, Verónica Reyna, el modelo Bukele no puede aplicarse en Haití porque no es sostenible en el tiempo. Reyna opina que ese modelo incluye un ingrediente antidemocrático y violatorio de derechos humanos, algo a lo que se ha opuesto la comunidad internacional.
“El resultado de Bukele se ha conseguido a partir del desmontaje del funcionamiento democrático y el estado de derecho en El Salvador; descansa en la ausencia de controles y sobre todo en la violación masiva y sistemática de derechos humanos. Si cualquier país quiere replicar este modelo es porque quiere replicar esos tres elementos”, dijo a la Voz de América, Reyna.
Con la medida, Bukele redujo la tasa homicida de 39 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 2,4 en 2023. En 2023, la ONU le pidió a El Salvador que levantara la medida.
Varios países se han acercado a Haití para ofrecer ayuda con la crisis, incluyendo EEUU. Además, Kenia y Haití firmaron acuerdos para desplegar 1.000 agentes del orden kenianos. En enero la Corte Suprema de Kenia dictaminó que el plan era inconstitucional.
Ante estos casos, la ONU promueve operaciones de paz en países en conflicto, como lo hizo con los «Cascos Azules», una misión de la ONU enviada a Haití que contó con personal militar encargado de proteger civiles, vigilar las fronteras y observar procesos de paz. La misión se retiró en 2017.
No obstante, el ofrecimiento de Bukele es inédito, pues de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas ningún país puede intervenir en los asuntos internos de otros. En este caso, El Salvador como Estado independiente no puede, de acuerdo a la normativa internacional, ejercer la fuerza pública en otro Estado como Haití.
A finales de enero de 2024, el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, le ofreció al exprimer ministro haitiano Ariel Henry una“misión de evaluación” que llegaría a Haití para elaborar una propuesta para solucionar el problema de la inseguridad.
La Voz de América le consultó a la encargada de prensa internacional del gobierno salvadoreño sobre los avances de esas reuniones, pero dijo que por el momento no había surgido mayor información.
La ONU ha formulado un plan de respuesta humanitaria que busca proporcionar alimentos, salud, y protección a 3,6 millones de haitianos durante los próximos 12 meses con apoyo de los países socios.
«El mundo civilizado sabe que el problema de Haití no son las pandillas sino un Estado fallido», dijo a la VOA Napoleón Campos, especialista en relaciones internacionales,
Campos ve inviable que la ONU apoye el ofrecimiento de Bukele tras los reportes de que la «mano dura» en El Salvador ha arrastrado también a miles de inocentes sin antecedentes penales ni nexos criminales.
Al menos 7.000 personas en El Salvador fueron liberadas tras pasar meses en prisión acusadas injustamente de pertenecer a pandillas.
Además, según el registro de la organización de derechos humanos Socorro Jurídico Humanitario, 220 personas, de los más de 72.000 capturados, murieron en prisión en 2023 a la espera de un juicio justo. (Con información de VOA).
