TEGUCIGALPA, Honduras
El gobierno de Honduras rechazó el informe sobre la situación de DDHH en el país, elaborado por el Departamento de Estado de EE.UU.
A través de su cuenta X el Canciller Enrique Reina publicó que rechazan y desconocen dicho informe por respeto a un principio fundamental y básico, ya que no reconocen informes ni medidas de carácter unilateral realizadas por un Estado sobre otro Estado soberano.
“Sin entrar a discutir su contenido y ya que la mayoría de los problemas que enfrentamos como país, son estructurales y fueron causados por la narcodictadura”, señaló.
De igual forma, Reina indicó que el informe, al ser parcial y unilateral, no refleja los importantes avances, los grandes esfuerzos y la voluntad política de la administración de Xiomara Castro.
Según el diplomático, no se incorporó en el informe elementos como el restablecimiento de la institucionalidad, el respeto y la promoción de DDHH y a la vez desarrollar políticas de inclusión y protección en el país.
“Asimismo, no mencionan todas las acciones llevadas a cabo para cumplir los compromisos de Honduras emanados de los tratados, convenios y sentencias internacionales en materia de derechos humanos”, citó el funcionario.
El Departamento de Estado norteamericano publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras durante 2023, resaltando varios puntos críticos que incluyen abuso durante el estado de excepción y corrupción gubernamental.
En el informe se destaca que se han registrado abusos en el marco del estado de excepción, así como violaciones a la libertad de expresión, corrupción en el gobierno, debilidades en el Poder Judicial y persecución a activistas comunitarios y de la diversidad sexual, entre otros.
“La situación de los derechos humanos en Honduras era problemática debido al prolongado estado de excepción y al aumento de la violencia de género. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por las detenciones ilegales, el uso excesivo de la fuerza y los abusos cometidos durante registros domiciliarios sin orden judicial”, cita parte del informe.