TEGUCIGALPA, Honduras
La bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), buscará introducir una moción a fin de que se le dé trámite a la renuncia al aún designado presidencial Salvador Nasralla, tras el fallido primer intento.
“Nuestra bancada presentará una moción de orden, respaldada por más de 80 diputados, para que se le de curso a mi renuncia”, declaró Nasralla y añadió que “en caso de que la renuncia no sea aceptada, no revelará públicamente las estrategias que seguirá”.
Por su lado, Nasralla indicó que confían que se pueda presentar la moción para lograr salir del cargo de elección popular.
Nasralla señaló que existe la posibilidad de que el Legislativo no sesione el miércoles debido a la celebración del Día del Trabajo. En ese sentido, sugirió que en caso de no poder presentar la moción la próxima semana, se haga en la siguiente.
Según Nasralla, detrás del rechazo a su renuncia por el presidente del Congreso, Luis Redondo estaría el expresidente Manuel Zelaya quien le gira instrucciones.
“Lo que creo es que él sigue instrucciones del partido Libre, y el partido Libre lo que anda buscando es eliminar a un contendiente”, declaró.
El diputado de PSH Carlos Umaña advirtió que “Luis Redondo está coqueteando con que se le puede hacer un juicio político tras la negación de renuncia del designado presidencial”.
Además, acusó a Redondo de cometer abuso de autoridad al no someter a votación de los 128 diputados para esa renuncia y aseguró que cuentan con el respaldo del 90 por ciento de las firmas necesarias para aprobarla.
Umaña aseveró que “el titular del Poder Legislativo se autodenomina intérprete de la Constitución de la República, ha suplantado funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), al inhabilitar a Nasralla”.
Cabe recordar que Redondo decidió no someter a votación la solicitud de renuncia de Nasralla en su cargo de designado presidencial durante la sesión legislativa del pasado 25 de abril.
Justificó su decisión de no someter al pleno la solicitud con un extenso análisis jurídico, argumentando que cualquier persona que propusiera una reforma constitucional o apoyar a la renuncia de un funcionario para fines políticos debería cesar de sus cargos y estar inhabilitado durante diez años.
Los argumentos que presentó Redondo para su decisión fue facultada en los artículos 321,322,323,324 y 374 constitucionales y otros apartados de la Ley Orgánica.
