Colegio de Abogados y Conadeh se oponen a iniciativa de construir cárcel en Isla del Cisne

TEGUCIGALPA. Honduras 

El Comisionado Nacional de DDHH (Conadeh) y el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) mostraron su oposición a la construcción del penal de máxima seguridad en la Isla del Cisne, a unos 200 kilómetros de la costa caribeña, a pesar que el gobierno insistió que no habrá impacto ambiental.

Al respecto, la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, externó su postura respecto a la iniciativa del Ejecutivo en cuanto al presidio que estaría ocupado por reos de alta peligrosidad.

Al respecto, Izaguirre indicó que su despacho emitió una alerta temprana en la que se advierte del potencial de riesgo en cuanto a violaciones a DDHH.

El Conadeh, indicó, mandó tal alerta al mundo y propias autoridades gubernamentales para que tomen cartas en el asunto.

Izaguirre dijo que teme que los familiares de los privados de libertad no puedan tener contacto con sus seres queridos, funcionarios judiciales y jueces de ejecución penal, lo que podría vulnerar el debido proceso.

En cuanto a los ecosistemas, recordó que la isla donde estaría el presidio cuenta con un ecosistema muy fragil y que se ve en peligro en caso de instalación de asentamientos humanos.

SE PRONUNCIA SOLÓRZANO. Por su lado, el titular del Colegio de Abogados, Gustavo Solórzano, se sumó a la oposición ya que, según él, se pone en riesgo «nuestra seguridad ambiental y destruir nuestros ecosistemas, dando mayor importancia a la seguridad ambiental por existir opciones para que esta cárcel pueda ser construida en tierra firme».

Se basó en varios tratados internacionales suscritos por el Estado Hondureño, entre ellos, el Tratado de París sobre el cambio climático.

Asimismo, agregó otras normas como el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que Deriven de su Utilización; la convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), en vigor desde 1983, «es la única convención global especializada en la conservación de las especies migratorias, sus hábitats y sus rutas de migración».

También mencionó el decreto legislativo 128-94, el cual declaró como la zona como Parque Nacional Marino Agustín Córdova Rodríguez y el decreto ejecutivo 3656-91. Como área protegida prioritaria.

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