TEGUCIGALPA, Honduras
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), presentó un requerimiento fiscal en contra de varios exfuncionarios de la administración del expresidente Juan Orlando Hernández (2018-2022).
Los exfuncionarios están acusados de causar perjuicio en contra de la población hondureña por más de 63 millones de lempiras por la compra irregular de ventiladores mecánicos para los pacientes que padecieron covid, los cuales nunca funcionaron debido a que estaban incompletos.
Entre los acusados se encuentran el excanciller de Lisandro Rosales; el excomisionado Permanente de Contingencias Nacionales (Copeco), Gabriel Alfredo Rubí; la excónsul de Honduras en Nueva York Jessica Canahuati Farah y los exfuncionarios de Copeco Cristian Elías Santelí, Clara Trejo Moncada y Alexis Peña medina.
De acuerdo con el MP los ventiladores adquiridos no cumplían con los requisitos técnicos debido a que fueron recibidos incompletos y carecían de los accesorios necesarios para su uso correcto.
Estas personas se valieron de la emergencia para manipular el proceso de adquisición y además realizaron transacciones bancarias sin la debida documentación y omitieron la recepción oficial de ventiladores a través de actas de entrega, proceso que debió ser transparente.
Según el ente acusador, “mientras el pueblo sufría la pérdida de seres queridos, estos exfuncionarios que acusa el MP llenaban sus cuentas bancarias con dinero manchado con sangre y lágrimas”.
Mientras tanto los ventiladores permanecen almacenados en las bodegas de los hospitales, sin haber sido utilizados para los pacientes a los que estaban destinados.
El MP subrayó que esto “es una burla para el pueblo hondureño” en uno de los momentos más críticos debido a la negligencia y codicia de aquellos que debían servir.
