TEGUCIGALPA, Honduras
Según diversos analistas, el caso de los tres exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra quienes el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal por prevaricato judicial, ha golpeado la credibilidad de sistema judicial hondureño, subrayando la urgente necesidad de garantizar una justicia imparcial para no comprometer el futuro económico del país.
De acuerdo con el Ministerio Público, los acusados Reinaldo Antonio Hernández, Wilfredo Méndez Romero y Rina Auxiliadora Alvarado emitieron una resolución que eximió a dos instituciones bancarias de pagar más de 159 millones de dólares, pese a que la Sala de lo Civil ya no tenía competencia para conocer el caso.
Este fallo, considerado ilegal, ha puesto en duda la transparencia de la justicia en Honduras, generando preocupación entre inversionistas extranjeros sobre la seguridad jurídica en el país.
La empresa GDC (Green Development Corporation), principal afectada, ha luchado durante más de 16 años en los tribunales debido a una inversión en Roatán, Islas de la Bahía, y ha sido gravemente perjudicada por esta decisión judicial.
Detrás de GDC, se encuentra un grupo de empresarios visionarios extranjeros y nacionales que apostaron por el turismo hondureño, viendo en Roatán el potencial para transformar la economía local y proyectar al país como un destino de clase mundial.
El impacto de este caso no solo recae sobre GDC como víctima principal, sino que también daña la imagen internacional de Honduras, ahuyentando inversiones en un momento en el que el país necesita capital para impulsar su desarrollo económico.
El desarrollo de este proceso será crucial para restaurar la confianza en el sistema judicial hondureño.
La resolución final no solo marcará el destino de GDC, sino también la percepción de seguridad jurídica en el país, en un contexto donde atraer inversión extranjera es fundamental para la estabilidad económica de Honduras
