TEGUCIGALPA, Honduras
Un Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito declaró con lugar la privación definitiva de los bienes de la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo por un monto de siete millones 450 mil 934 lempiras.
Esta decisión forma parte de las acciones legales en contra de Bonilla por el caso relacionado con el desvío de fondos públicos durante su gestión como primera dama al que se le dominó Caja chica de la dama.
El Ministerio Público presentó una solicitud de privación de dominio ante un juez por considerar que Bonilla no podía justificar la procedencia de esos bienes.
En 2018, Bonilla fue acusada de corrupción y malversación de fondos públicos Y fue condenada a 58 años de prisión en 2019 aunque la Corte Suprema de Justicia anuló esta condena y ordenó un nuevo juicio.
La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo detalló que esta ordenanza surgió luego de que se emitiera una resolución en relación con varios bienes que habían sido asegurados en contra de Bonilla y otras 17 personas más.
Según Castillo esta resolución de bienes se originó en el período donde Bonilla aún era primera dama, en esos años ella habría tomado la cantidad de doce millones de lempiras para la implementación de varios proyectos.
De acuerdo con las investigaciones al finalizar el período del expresidente Porfirio Lobo Sosa, la imputada devolvió más de cuatro millones de lempiras por lo que el juez solo está solicitando que regrese la cantidad ya descrita.
Castillo indicó que Bonilla debe entregar siete millones 450 mil 934 lempiras o en su efecto dar un bien inmueble para que sea subastado por las autoridades y el dinero pase a disposición del Estado.
En el fallo también se declaró sin lugar la solicitud de Privación de Dominio de los bienes de los titulares Saúl Escobar Puerto, Manuel Mauricio Mora Padilla, Gisela Patricia Bonilla, Valeria Alejandra Mora, Gloria Karina Díaz, José Iván Matamoros y Porfirio Lobo Sosa.
Tras el fallo del Poder Judicial programó la lectura de sentencia para el próximo diez de enero de 2025, la cual se realizará bajo la modalidad virtual.
Castillo agregó que una vez leída la sentencia la defensa tiene tres días si no está de acuerdo con lo resuelto por el juez y la Corte de Apelaciones tendrá que confirmar o revocar esta su resolución.
