Conadeh pide al Estado realizar consulta previa antes de la construcción de la cárcel en Mocorón

Redacción El Pulso9 diciembre, 2024

TEGUCIGALPA, Honduras

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), a través de un comunicado expresó su preocupación ante la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE), en el Mocorón, Gracias a Dios.

Conadeh advirtió al Estado que “la adopción de una medida de esta naturaleza requiere obligatoriamente de la participación de los pueblos y comunidades afectadas, lo cual se debe desarrollar mediante una consulta previa, libre e informada”.

Asimismo, recordó que el 26 de noviembre, la titular de la Secretaría de Defensa, Rixi Moncada en compañía del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández encabezaron una visita de supervisión del área dónde se construirá el CRE.

Por tal razón diferentes organizaciones representantes del pueblo misquito de Honduras se ha posicionado en contra de dicho proyecto, por lo cual convocó a un plantón en el lugar donde se construirá la cárcel con el propósito de evitar que inicien las obras.

Las organizaciones han insistido en la necesidad de que el gobierno respete su derecho a ser consultados previamente tal como lo establece el artículo seis del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales.

El Conadeh destacó que este derecho a la consulta previa es una obligación estatal enmarcada en tratados internacionales ratificados por Honduras y recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que los Estados deben garantizar estas consultas, las cuales deben realizarse en todas las etapas de cualquier proyecto que afecte los derechos fundamentales de las comunidades indígenas.

En ese sentido el Conadeh recomendó tener en consideración el Protocolo Biocultural del Pueblo Indígena Misquito como herramienta para facilitar el proceso de consulta.

Finalmente, recomendó al Estado analizar la idoneidad de la construcción de este proyecto bajo el amparo de la obligación estatal de garantizar el derecho a la consulta e identidad cultural de los pueblos y comunidades involucradas, debiendo ser realizada con carácter previo, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo adecuado, accesible e informado.

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