TEGUCIGALPA, Honduras
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) cuya deuda acumulada supera los 100 mil millones de lempiras, está en el centro de un debate que trasciende lo técnico: en los próximos días, el gobierno del presidente Nasry Asfura presentará ante el Congreso Nacional un proyecto de ley para dividirla en tres sociedades mercantiles independientes.
Mientras el Ejecutivo lo presenta como una reforma largamente postergada y urgente, voces de la oposición, el sindicato de trabajadores y actores de la sociedad civil plantean interrogantes sobre sus alcances reales y el riesgo de que la separación allane el camino hacia una privatización encubierta.
La propuesta, contenida en un borrador de 26 páginas que circula desde hace semanas aunque aún no ha sido presentado oficialmente ante el legislativo, plantea transformar la ENEE en una empresa matriz que administraría tres subsidiarias especializadas: ENEE Generación, ENEE Transmisión y ENEE Distribución.
Según el gerente de la estatal, Guillermo Peña Panting, la separación de funciones permitiría una operación más eficiente, atraería inversión pública y privada, y mantendría el carácter estatal de la empresa.
El proceso tiene raíces legales que datan de la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), aprobada en 2014, que ya mandataba la escisión.
Desde entonces, al menos cuatro intentos fallaron o quedaron incompletos. En 2022, el Decreto 46 —conocido como la Ley que declara la energía como bien público— frenó nuevamente el proceso. El proyecto actual busca retomarlo y, según las autoridades, terminarlo de forma definitiva.
El gerente Peña Panting ha sido el principal vocero de la reforma y ha rechazado con firmeza la calificación de privatización. En múltiples apariciones públicas ha insistido en que el modelo no implica vender la estatal ni transferirla a manos privadas.
Subrayó que la ENEE continuará siendo 100 por ciento propiedad del Estado hondureño a través de la empresa matriz.
«El mandato del presidente Asfura es muy claro y sencillo. No vamos a hacer un espacio de privatizar. Lo que se está haciendo es ordenar, transparentar, tener reglas claras y abrir a la inversión pública y privada, nacional e internacional», aseguró Peña Panting.
El comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Corrales, respaldó esta postura al socializar el proyecto con empresarios de la zona norte. Sostuvo que ninguna disposición del borrador apunta hacia la privatización, sino que busca que la empresa opere bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad financiera.
«Las nuevas empresas, que seguirán siendo propiedad del Estado de Honduras por medio de la ENEE, serán eficientes y podrán competir», señaló.
Peña Panting reconoció, sin embargo, que aunque la ENEE sea manejada impecablemente como empresa estatal, resultará inevitable abrir espacios regulados a la participación privada en distintas partes de la cadena energética: «No se desaparece la ENEE, no se vende en pedacitos, se vuelve un ente complementario», explicó.
Desde el Congreso Nacional, diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) —que gobernó Honduras entre 2022 y 2026— han lanzado fuertes señales de alerta. El diputado Marco Ramiro Lobo calificó la reestructuración como el inicio definitivo de la privatización del sector energético estatal.
«No dudamos que el gobierno central, a través del gerente de la ENEE, proponga una reforma energética que permita que los privados puedan volver a participar y ofertar, porque han entrado en una línea, evidentemente, de articular todo lo que se había avanzado», alertó.
La desconfianza de la oposición se fundamenta en antecedentes concretos: el contrato con la Empresa Energía Honduras (EEH), que desde 2016 asumió la distribución, medición y cobro en parte del sistema, fue cuestionado precisamente como el primer eslabón de una privatización progresiva. Para los diputados de Libre, la nueva escisión seguiría ese mismo patrón.
Por su lado, el Sindicato de Trabajadores de la ENEE (STENEE) ha adoptado una posición matizada. Su presidente, Miguel Aguilar, reconoció la necesidad de modernizar la institución pero exigió que cualquier reforma sea construida mediante un proceso amplio, incluyente y con garantías expresas de que no derivará en privatización.
«El sindicato está consciente de que la ENEE necesita un nuevo modelo de operación institucional. Pero que la reforma a la ley no lleve ningún atajo a la privatización», dijo.
Aguilar también exigió garantías para la libertad sindical, la contratación colectiva y la protección de los derechos laborales dentro de las nuevas estructuras.
Otros dirigentes sindicales han sido más categóricos históricamente: en debates previos sobre escisiones anteriores, representantes del STENEE advirtieron que la separación facilitaría que las empresas subsidiarias fueran adquiridas o gestionadas progresivamente por privados.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través de su iniciativa Potencia Honduras, presentó esta semana un análisis financiero que pinta un cuadro «alarmante»: uno de cada cuatro lempiras de la deuda pública total de Honduras es generado exclusivamente por la crisis del sector eléctrico.
Sin reformas, el costo anual de sostener la ENEE podría superar los 21 mil 200 millones de lempiras para 2035.
El especialista en energía de la ASJ, Edgar Aguilar, fue directo al señalar que la separación de actividades es, en sí misma, una condición necesaria pero no suficiente.
«Hemos llegado a la conclusión de que la única forma para sacar a Honduras de esa situación es separar las actividades que constituyen dar el servicio de energía eléctrica —generación, transmisión, distribución—. Eso por sí solo no es privatización», manifestó, pero advirtió que el diseño del marco regulatorio determinará si la escisión beneficia a los usuarios o abre puertas a intereses privados.
Desde la iniciativa privada, la presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), Carla Martínez, y el empresario de generación renovable Samuel Rodríguez respaldaron las reformas, aunque coincidieron en que su éxito depende de la «garantía de seguridad jurídica», libre competencia y que el Estado no abandone su papel estratégico en el sistema energético.
El economista Julio Raudales, por su parte, advirtió que los 46 mil 422 millones de lempiras transferidos por el Estado a la ENEE entre 2022 y 2025 no generaron mejoras visibles, lo que refuerza la tesis de que la estructura actual es insostenible.
No obstante, señaló que la escisión, de no estar acompañada de mecanismos robustos de transparencia y control social, podría replicar los mismos vicios en una forma corporativa diferente.
En el corazón del debate yace una realidad financiera que las partes no disputan: la ENEE necesita al menos dos mil 200 millones de dólares en inversión urgente —mil 200 en transmisión y mil en distribución— y el Estado hondureño, según el propio gerente, solo puede aportar 400 millones.
Esa brecha es la que el gobierno arguye justifica abrir espacios a capital privado bajo reglas claras. Para la oposición, esa misma brecha es la cuña que permitirá que privados tomen el control efectivo de la distribución y la generación, aunque el Estado conserve formalmente la titularidad.
El proyecto deberá superar el escrutinio del Congreso Nacional, donde el oficialismo necesitará construir mayorías. El debate legislativo, aún sin fecha fijada, será el próximo campo de disputa.
La ciudadanía, en tanto, aguarda definiciones concretas sobre si una eventual escisión se traducirá en tarifas más bajas, menos apagones y mayor cobertura, o si los cambios estructurales beneficiarán principalmente a los inversionistas privados que ingresen al rubro.
