TEGUCIGALPA, Honduras
El pleno del Congreso Nacional aprobó la Ley de Organización y Transmisión de Debates Presidenciales, con el objetivo de regular la organización y transmisión de debates electorales televisados entre los candidatos a la presidencia de la República.
Para efectos de Ley se entenderá por Comisión de Debates Presidenciales (CDP), y serán los responsables de establecer las reglas específicas del debate, seleccionar a los moderadores, coordinar todos los aspectos logísticos del evento.
La nueva legislación busca promover mecanismos para establecer la transparencia, la participación ciudadana que permitan que los votantes tengan acceso a las propuestas de los aspirantes presidenciales y que la población tenga el acceso equitativo a la información durante los procesos electorales.
Además, dispone que la supervisión y coordinación general estará a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), y este podrá delegar las funciones organizativas a una entidad independiente para que se garantice la parcialidad del proceso.
Asimismo, se establece que cada debate tendrá una duración máxima de 90 minutos los cuales estarán divididos en segmentos de 15 minutos enfocados en un tema específico.
También resalta la importancia de contar con un moderador imparcial que asegure el cumplimiento de las normas y gestione las interacciones entre los candidatos para mantener el orden y el respeto durante el debate.
Los debates serán transmitidos en cadena nacional sin interrupciones en todas las estaciones de radio y televisión, por lo que la Comisión de Telecomunicaciones (Conatel), se encargará de asegurar la cobertura.
Con el objetivo de garantizar la inclusión se establece que en las transmisiones deberán contar con un intérprete de lenguaje de señas y subtítulos en tiempo real y se asegurará la transmisión en áreas rurales a través de la radiodifusión.
La aprobación de esta ley significa un paso importante para el fortalecimiento de la democracia y la modernización de los procesos electorales y además, el país se alinea con los estándares internacionales de transparencia y accesibilidad en el ámbito político.
