TEGUCIGALPA, Honduras
El Ministerio Público (MP) informó que la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (Ufadpol) logró un auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Liana María Mayorga Castillo, gerente de la empresa Plasticards SA, acusada de fraude y lavado de activos en perjuicio del Estado de Honduras.
La imputada es señalada junto a Ramón Molina Rodríguez excoordinador del fideicomiso de la Tasa de Seguridad y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), por haber defraudado al Estado con más de 18 millones 547 mil lempiras mediante el suministro irregular de tarjetas PVC para licencias de conducir.
De acuerdo con la acusación, en diciembre de 2021, la Secretaría de Seguridad adjudicó la compra de 480 mil tarjetas a Plasticards S. A., empresa que había sido constituida apenas dos meses antes de recibir el contrato. Aunque se reportó oficialmente el ingreso de las tarjetas únicamente 258 mil llegaron al país.
El 22 de enero de 2022, a pocos días de que el nuevo gobierno asumiera la administración pública, la Secretaría de Seguridad realizó un pago de 18.5 millones de lempiras a Plastificards, tres días después Mayorga transfirió más de 17 millones a la empresa Inversiones MyM S de RL, propiedad de Molina Rodríguez, quién tenía prohibido contratar con el Estado por su cargo como coordinador en la Tasa de Seguridad.
Las investigaciones también establecen que, aunque la adjudicación del contrato correspondió Plasticards SA, las tarjetas fueron suministradas por Interamerican Service Unlimited Corp., empresa radicada en Estados Unidos, pero introducidas al país por Inversiones MyM S de RL.
El MP concluyó que los imputados utilizaron empresas fachadas y sistemas financieros de Estados Unidos y Francia para triangular y lavar los fondos provenientes de la Tasa de Seguridad. Por estos hechos, Mayorga enfrentará un proceso penal bajo la medida de prisión preventiva.
Las autoridades indicaron que las investigaciones no se limitan a este caso, sino que se extenderán para rastrear toda la estructura de corrupción que operó alrededor de la Tasa de Seguridad.
