TEGUCIGALPA, Honduras
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, se pronunció sobre el regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández, luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump le concediera un indulto que derivó, meses después, en la anulación total de su condena por narcotráfico en EE.UU.
Castellanos sostuvo que el hecho de que la sentencia haya quedado sin efecto en el sistema judicial estadounidense no borra los señalamientos que Hernández enfrenta en Honduras por presuntos actos de corrupción durante su gobierno.
Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue condenado en junio de 2024 por una corte federal de Nueva York a 45 años de prisión, tras ser declarado culpable de delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas de fuego.
El 28 de noviembre de 2025, el presidente de EE.UU., Donald Trump, le concedió un indulto, lo que permitió su salida de prisión el 1 de diciembre de ese año.
El proceso judicial no concluyó en ese momento. El 8 de abril de 2026, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió que, tras el indulto presidencial, el caso ya no tenía materia jurídica que resolver, por lo que instruyó al tribunal de primera instancia anular tanto la sentencia como la condena.
La orden fue ejecutada días después por el juez federal P. Kevin Castel, quien formalizó el cierre del expediente y desestimó los cargos, dejando el proceso penal contra Hernández completamente concluido en territorio estadounidense.
Especialistas en derecho han señalado que, en términos estrictamente legales, un indulto presidencial constituye un acto de clemencia y no una revisión de las pruebas presentadas durante el juicio, por lo que no equivale a una declaratoria de inocencia.
Sin embargo, en este caso particular, la resolución judicial fue más allá del habitual efecto del perdón presidencial, al ordenar la anulación formal de la condena y el archivo definitivo del expediente.
Ante el anuncio del regreso de Hernández a Honduras, previsto para el 26 de julio, Castellanos ha insistido en que el expresidente tiene derecho, como cualquier ciudadano, a que se le respete el debido proceso una vez ingrese al país.
No obstante, subrayó que ese regreso no debe interpretarse como una reivindicación política, sino como una oportunidad para medir la capacidad real de las instituciones hondureñas de aplicar la ley de manera igualitaria.
«La historia no recordará únicamente el regreso de un expresidente, recordará qué hicieron las instituciones cuando tuvieron la oportunidad de demostrar que nadie está por encima de la ley», declaró la directora del CNA, quien enmarcó el momento como un examen antes que como una victoria para el exmandatario.
En ese sentido, señaló directamente que corresponderá al Ministerio Público determinar si existen elementos legales para emprender o continuar acciones judiciales en su contra dentro del territorio nacional.
Castellanos ha remarcado en repetidas ocasiones que la anulación de la condena en EE.UU. no tiene relación con los señalamientos que Hernández enfrenta en Honduras, entre ellos los vinculados al caso Pandora II, en el que el CNA presentó una denuncia relacionada con una presunta red de corrupción asociada a su administración.
La funcionaria ha insistido en que «mientras el dinero sigue sin aparecer, la impunidad nunca salió del país», al advertir que persisten estructuras dentro del Estado que podrían facilitar la impunidad, independientemente del resultado del proceso judicial en el extranjero.
