TEGUCIGALPA, Honduras
El Ministerio Público (MP), a través de las Fiscalías Especiales Contra Delitos Comunes (Fedcom) y Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ejecutó siete allanamientos en los departamentos de Francisco Morazán y Comayagua. Estas acciones se realizaron en el marco de una investigación por presunto desfalco en la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (Comixmul).
Según las autoridades, la red involucrada estaría conformada por directivos empleados y bufetes privados que habrían suscrito contratos falsos y sustraído grandes sumas de dinero de la cooperativa, superando los 47 millones de lempiras.
Sin embargo, los servicios profesionales pactados nunca se concretaron y en cambio, habrían generado un perjuicio de más de 37 millones de lempiras a la institución financiera desde 2015 hasta la fecha.
Como parte de este caso, el MP informó que se aseguraron tres condominios, dos sociedades mercantiles y dos vehículos, tras la acusación por delito de lavado de activos, estafa agravada y apropiación indebida en concurso ideal, contra una veintena de personas vinculadas al caso.
Entre los detenidos se encuentra Amílcar Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, acusado de estar implicado en este esquema de desfalco, presuntamente por cobrar por consultorías y servicios legales que nunca se realizaron.
Su captura se da en el marco de las investigaciones que buscan esclarecer la malversación de fondos de la cooperativa.
El MP recordó que en marzo de 2017 ya se habían ejecutado capturas contra seis exdirectivos de Comixmul, quienes posteriormente fueron condenados por lavado de activos y otros delitos financieros.
En esa primera etapa también se aseguraron 51 bienes inmuebles, muebles y cuatro sociedades mercantiles distribuidas en Tegucigalpa, Siguatepeque, Choluteca y Valle.
Las autoridades recalcaron que este tipo de investigaciones busca garantizar justicia y proteger los recursos de instituciones financieras, así como sentar un precedente contra la apropiación indebida y los esquemas de corrupción dentro de cooperativas y otras organizaciones del país.
