TEGUCIGALPA, Honduras
La Secretaría de Finanzas (Sefin), advirtió este miércoles que Honduras corre el riesgo inminente de ser declarado paraíso fiscal si no se aprueba la Ley de Justicia Tributaria.
“El país es actualmente uno de los cinco en el mundo donde continúan vigentes prácticas como el secreto bancario y las acciones al portador, que facilitan la evasión fiscal a gran escala”, se informó.
Según el comunicado oficial, de no adoptar medidas urgentes, Honduras podría sufrir aislamiento financiero y daño reputacional al ser incluido en las listas negras o grises, lo que elevaría los costos financieros tanto para el Estado como para las empresas. Esto implicaría mayores tasas de interés en crédito y financiamiento, con un impacto directo en la población.
Entre las consecuencias señaladas también se advierte la dificultad de acceso a préstamos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, se prevé la disminución de la inversión extranjera debido a la desconfianza por la falta de transparencia y estabilidad jurídica.
La visita técnica de Zayda Manatta, directora del Secretariado del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, reforzó la urgencia de estas reformas.
El Foro Global recomendó medidas como la eliminación del secreto bancario, la aprobación de una ley de beneficiario final y la ratificación de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria.
El documento subraya que desde 2009, gracias a estas herramientas internacionales, se han recaudado 130 mil millones de euros en todo el mundo. Por ello, no implementar los estándares tendría un costo estimado para Honduras de hasta 10 mil millones de lempiras anuales, según la Sefin.
Finalmente, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro reiteró su llamado al Congreso Nacional para aprobar la Ley de Justicia Tributaria, al advertir que mientras la comunidad internacional avanza, Honduras sigue rezagada al no adoptar las reformas mínimas exigidas para garantizar la transparencia fiscal.
