TEGUCIGALPA, Honduras
El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Delitos Electorales (UECD), presentó un requerimiento fiscal contra cuatro ciudadanos por su presunta participación en la anulación arbitraria de votos en Namasigüe, Choluteca, con el objetivo de perjudicar al precandidato a la alcaldía del movimiento Avanza, que lideró la precandidata presidencial y exprimera dama Ana García de Hernández.
Los señalados son Balbino Andino Flores (capturado), Elvin Quiñones Sánchez, Rosa Gattorno Durón y Heydi Sarahí Carranza Morales (capturada), miembros de la Junta Especial de Verificación y Recuento (JEVR). De acuerdo con la acusación habrían incurrido en delitos electorales al invalidar sin fundamento legal los votos de la Junta Receptora de Votos (JRV) 3135.
Las investigaciones, realizadas con apoyo de la Dirección Policial de Investigación (DPI) establecen que el 9 de marzo el movimiento Avanza obtuvo 315 votos frente a 130 del movimiento Papi a la Orden. El 4 de abril, tras un escrutinio especial ordenado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los resultados fueron ratificados.
Sin embargo, tres días después, la JEVR realizó un nuevo escrutinio en el que anuló injustificadamente 111 sufragios a favor del movimiento Avanza, alterando de manera ilegal los resultados de la JRV 3135.
La supuesta justificación de la JEVR fue una “duda razonable”, argumentó que, según el MP, no tiene asidero en la ley electoral, ya que únicamente pueden declararse nulos los votos con causales específicas. Una posterior inspección de la maleta electoral confirmó que no existía motivo legal para invalidar los sufragios.
Con estos hallazgos, la Fiscalía concluyó que se atentó contra la voluntad popular y se causó un perjuicio directo al precandidato del movimiento Avanza en Namasigüe. El caso se convierte en la primera línea de investigación formalizada contra miembros de organismos electorales por supuestas irregulares en los comicios.
