TEGUCIGALPA, Honduras
El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) manifestó su preocupación ante el progresivo deterioro del entorno institucional y democrático del país, y advirtió sobre posibles consecuencias fiscales, económicas y sociales en el corto y mediano plazo.
Durante los últimos meses, el nivel de riesgo país ha mostrado señales de vulnerabilidad vinculadas a la incertidumbre política y electoral, la disfuncionalidad de los principales órganos del Estado y la erosión de los contrapesos democráticos que garantizan la gobernabilidad.
La inoperatividad prolongada del Poder Legislativo, las tensiones en los organismos electorales y el debilitamiento de las instituciones de seguridad y justicia evidencia un proceso de desinstitucionalización acelerada.
Según Fosdeh, el riesgo político no es una categoría abstracta: se traduce directamente en riesgo fiscal y monetario.
La incertidumbre en la conducción del Estado genera costos financieros adicionales, reduce la inversión, limita el acceso al crédito externo y compromete la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales en 2025 y 2026.
El organismo social considera esencial que la cooperación internacional oriente sus estrategias de fortalecimiento real y verificable de la institucionalidad democrática, y no solo hacia proyectos o desembolsos sin mecanismos de rendición de cuentas ni evaluación de impacto.
El acompañamiento externo pierde sentido si no contribuye a reconstruir la capacidad de Estado para gobernar con transparencia independencia y eficacia.
Además, advirtió que Honduras necesita hoy más que nunca una cooperación coherente con los principios de buena gobernanza y sostenibilidad democrática, promoviendo el fortalecimiento institucional como prioridad transversal y apoyando la estabilidad política y fiscal como condición previa al desarrollo.
Sin estas medidas, los recursos financieros y técnicos podrían sostener estructuras debilitadas en lugar de transformarlas.
El organismo reiteró su compromiso con el análisis técnico, la vigilancia física y la promoción de políticas públicas orientadas al bien común.
En un contexto de fragilidad institucional y complejidad política, la responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional resulta indispensable para preservar la estabilidad, la confianza y la viabilidad democrática del país.
